Una comisión judicial encabezada por el fiscal Anticorrupción de Balears, Pedro Horrach, registró anoche la antigua vivienda de la ex gerente del Centre de Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) Antònia Ordinas, en Consell, y halló abundante documentación que compromete a varios de los imputados en la 'operación Scala', pero especialmente al concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré.
Acompañada de la propia Ordinas, que fue excarcelada para llevar a cabo esta operación, la comisión judicial formada por funcionarios del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, de guardia ayer, tardó varias horas en registrar la casona, de dos plantas, situada en la calle Fiol de esa localidad mallorquina.
En ese contexto, la comisión judicial se incautó de archivos, diskettes de ordenador, papeles, que fueron depositados en varias cajas. Ferré, como se sabe, llegó a facturar casi dos millones de euros de dinero público a través de la empresa Gourmet and Boutique Island SL. Elaboró, asimismo, numerosos informes sobre diversas cuestiones, algunas de ellas relacionadas con países como Canadá y Australia.
El concejal del PP y otras trece personas, entre ellas Ordinas, su mujer, la soprano Isabel Rosselló, y el ex director general de Industria, Kurt Viaene, están imputados en la 'operación Scala' por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación a la Administración y falsedad documental.
Los investigadores, asimismo, están rastreando decenas de cuentas bancarias para averiguar adónde han ido a parar el dinero, millones de euros que, supuestamente, se embolsó el matrimonio Ordinas-Rosselló. El juez decretó la prisión sin fianza para ambas, al igual que para Viaene tras la declaración que prestó el pasado sábado.
Hoy está previsto que vuelva a los juzgados para prestar una nueva declaración la ex gerente del CDEIB.
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