La presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, se comprometió ayer con Agustí Serra y José María Rodríguez, dos sacerdotes secularizados representantes de la asociación Secularitzats Associats de Balears (Sabal), a elevar ante la institución que ella preside una propuesta para apoyar las reivindicaciones laborales y sociales de este colectivo.
Unos 430 sacerdotes, religiosos y religiosas de las Islas (180 hombres y 250 mujeres) para poder acceder a una pensión de jubilación o a mejorar la pensión ya consolidada, se ven obligados a abonar ellos mismos íntegramente el coste de la mejora de sus pensiones, lo cual reduce considerablemente la pensión real percibida, tal y como explicaron, después de la audiencia con Munar, los dos representantes de Sabal.
Reconocimiento
La asociación balear, integrada en la Federación Estatal de Secularizados, reivindica que a los sacerdotes, religiosos y religiosas secularizados, es decir, personas que han abandonado la vida religiosa antes de 1976 en que se regularizó la situación, se les reconozca que han estado trabajando y que la Iglesia y el Estado se hagan cargo de pagar la parte que le corresponde al «empresario» de la Seguridad Social y «cada uno de nosotros pagaremos la parte que nos corresponda como trabajadores».
«Creemos llegado el momento de reivindicar la labor histórica del colectivo secularizado, porque nosotros contribuimos al desarrollo de una sociedad civil predemocrática, llenando las carencias que esa sociedad tenía en aquellos momentos» y desarrollando trabajos en el ámbito educativo, asistencial, hospitalario, «a parte del estrictamente religioso», al que el Estado no podía llegar, especifican desde la Federación Estatal de Secularizados.
«Con la misma convicción moral con la que hemos exigido a la Iglesia su colaboración en nuestras pensiones, también lo hacemos con el Estado», reivindican desde Sabal.
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