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P. CANDIA / JOSEP M. AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda, el socialista Andreu Alcover, dio a conocer ayer que el Ajuntament de Palma se personará finalmente como acusación particular en el llamado 'caso Parc de sa Riera', al considerar que Cort debe defender el buen uso de los fondos públicos, lo que no habría ocurrido con la adquisición de una réplica infantil del Castell de Bellver a principios de 2007.

El juez instructor de dicho caso, Antoni Garcías, que investiga los supuestos delitos de cohecho, falsedad y defraudación documental en el proceso de compra del citado castillo infantil para el Parc de sa Riera, había remitido el pasado mes de septiembre un escrito al Ajuntament de Palma instándole a que se pronunciase sobre la posibilidad de presentarse como acusación particular.

Cabe recordar que el teniente de alcalde de Urbanisme en el pasado mandato, Javier Rodrigo de Santos, autorizó el pago de 1'4 millones de euros a la empresa sueca Hags por la compra de la citada réplica, operación que investigó inicialmente la Fiscalía Anticorrupción y que finalizó con una querella criminal. De Santos era entonces el presidente de la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans de Palma (Emop).

El hecho de que Cort se presente ahora como acusación particular en este caso permitirá, además, que un abogado de los Serveis Jurídics tenga acceso a todas las diligencias, declaraciones e investigaciones llevadas a cabo hasta este momento.

De Santos, actualmente en prisión por supuestos abusos a menores de edad, ya ha declarado en dos ocasiones por la compra del citado castillo infantil ante los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, y el pasado 2 de octubre lo hizo también ante el juez Garcías, ante quien defendió que la compra de la réplica del Castell de Bellver se habría realizado cumpliendo con la legalidad.

En dicha fecha declaró también ante el juez por este caso la gerente de Hags, Cristina Gual de Torrella, quien aseguró que la empresa habría actuado de forma correcta en todo el procedimiento de adjudicación, si bien no entró a valorar si podría haberse producido algún tipo de irregularidad administrativa en la contratación.

De Santos había afirmado previamente en sus comparecencias ante la Fiscalía que si se comprobase que hubo algún error en la tramitación administrativa, él mismo asumiría en solitario la responsabilidad por ello.