El debate sobre política general de la Comunitat Autònoma ha quedado eclipsado por los acontecimientos derivados de la comparecencia de dos diputados del Parlament, el conservador Josep Juan Cardona y el nacionalista Bartomeu Vicens, ante los jueces que instruyen los casos 'Scala' y 'Son Oms', respectivamente. El apunte previo es necesario por cuanto refleja el grado de deriva en el cual se encuentra inmersa la clase política balear respecto a los problemas reales que vive la sociedad, cuya confrontación dialéctica se ha visto contaminada por la actualidad en los juzgados.
La larga declaración de Cardona sobre el 'caso Scala' no supuso ningún cambio sustancial respecto a su situación judicial como imputado mientras que, por el contrario, la de Vicens ha dado un importante salto cualitativo al solicitar el juez instructor que sea el Tribunal Superior de Justicia -dada su condición de aforado- el que decida su eventual ingreso en prisión. Ante el nuevo giro de los acontecimientos, el president del Govern, Francesc Antich, ha querido marcar distancias y no ha dudado en solicitar a UM que exija la dimisión de Bartomeu Vicens como diputado del Parlament. La formación nacionalista reaccionó, de momento, relevándole como portavoz de su grupo parlamentario.
Desde ayer ha quedado abierta una crisis institucional en la que Antich está dispuesto a jugar fuerte y sobre la que es precipitado aventurar el desenlace, muy condicionado -es evidente- por la decisión que adopte Vicens respecto al acta de diputado de la que es titular. Como telón de fondo de este caótico enredo político está el veredicto del Tribunal Superior sobre el futuro inmediato y personal de Bartomeu Vicens. Aunque sólo sea por respeto a la ciudadanía hay que reclamar que las decisiones pendientes sean rápidas.
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