P. Candia31/10/08 0:00
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Los datos, que ya están en poder del Instituto Nacional de Estadística (INE) con los que elaborará la radiografía del sector concursal en Balears, deja al descubierto el tremendo impacto de la crisis económica en las Islas. La mayoría de las empresas que han solicitado a los jueces de lo Mercantil tiempo para solventar sus problemas pertenecen al sector de la construcción. La 'crisis del ladrillo' queda de manifiesto en Balears con esa estadística, que algunos expertos calificaron de «abrumadora».

Entre las empresas que se han acogido a la Ley Concursal destacan, por el volumen de sus pasivos, el Grup Drac de Vicenç Grande, la compañía aérea Futura International Airways y la empresa de la construcción Inversiones Urbanas Mallorquinas. Las sociedades de Grande declararon ante los jueces un pasivo de 830 millones de euros, la aerolíneas 50 y la empresa de construcción 17.

También es significativo el constante crecimiento de las peticiones realizadas por las personas físicas para acogerse a la Ley Concursal. Se trata de familias que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca u a otras obligaciones económicas. Por eso, acuden al juzgado con la esperanza de ganar tiempo y programar un calendario escalonado de pagos.

La idea básica del concurso es «ordenar las economías de los deudores en el tráfico económico», según los especialistas.

Balears fue la primera comunidad en poner en marcha de forma experimental el Juzgado de lo Mercantil, y según los expertos, pretende evitar situaciones de abusos y privilegios, ya que cuando se iniciaba el reparto del deudor insolvente, el acreedor ordinario se encontraba con que apenas quedaban bienes que distribuir.

El mecanismo legal está a disposición de las personas físicas y jurídicas desde septiembre de 2004. El primer caso en España de una familia que recurrió a la Ley Concursal se dio en Barcelona y, poco después, dos hermanos que regentaban un bar hicieron lo propio en Balears.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) prevé abonar este año entre dos y tres millones de euros a los trabajadores de Balears afectados por las insolvencias de las empresas, manifestadas a través de los concursos de acreedores, tanto voluntarios, como necesarios. La mayoría de esos procesos judiciales los han iniciado en las Islas empresas del sector de la construcción. Ese organismo estatal garantiza a los trabajadores la percepción de los salarios, indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral pendientes de pago.