Inspección judicial en el Palma Arena

Una comisión judicial encabezada por el juez José Castro y los fiscales anticorrupción, Juan Carrau y Pedro Horrach realizó ayer una inspección de casi cuatro horas, de las instalaciones del Palma Arena. Los responsables de la investigación recorrieron la instalación deportiva de punta a punta para conocer la situación de las obras y constatar el agujero económico generado durante las obras de construcción del recinto. La inspección ocular fue especialmente cuidadosa; así la comisión judicial pidió de forma expresa a los empleados del centro la apertura de la sala de máquinas -única instalación cerrada bajo llave- e incluso llegó a subirse a la cubierta del edificio.

En el recorrido, el juez instructor y los fiscales estuvieron acompañados por la gerente del Palma Arena, Margarita García, por un perito y varios policías judiciales. A lo largo de la inspección visual realizaron numerosas fotografías de las instalaciones del Palma Arena, para documentar el estado final de las obras del recinto deportivo. Sin embargo, en esta ocasión no se retiró documentación de las oficinas. Hace apenas un mes, por orden del juez instructor, la policía judicial ya llevó a los juzgados gran parte de los documentos sobre las construcción que tenía el consorcio director del Palma Arena.

Castro, Carrau y Horrach llegaron al Palma Arena en torno a la una del mediodía. Durante varias horas visitaron las tres plantas del recinto y los sótanos. Por último, mantuvieron una reunión con la gerente en el despacho de ésta. El director general de Deportes del Govern, Gabriel Gili, también estuvo en el Palma Arena ayer, pero no participó en el registro de las instalaciones.

Su superior, el conseller Mateu Cañellas, afirmó ayer que desconocía que la comisión judicial fuera a realizar la inspección ocular. Además, señaló que corresponde a la justicia determinar si el el anterior Govern del PP cometió algún tipo de irregularidad. Cañellas pidió «prudencia» y «respeto» a la presunción de inocencia de los responsables de la obra y que «no se criminalice a gente inocente».

Hasta el momento, ésta es la actuación más visible del sumario que investiga las obras del Palma Arena. El presupuesto inicial de 46'4 millones de euros se ha multiplicado por tres y podría rondar los 140 millones de euros. El sobrecoste de la instalación deportiva palmesana supera por tanto con creces el límite del veinte por ciento que fija la ley en las obras públicas.

La Fiscalía Anticorrupción comenzó las pesquisas a finales del año pasado, después de que el Govern conociese el incremento en el coste de las obras tras realizar una auditoría de las mismas. El caso pasó al Juzgado de Instrucción 3 de Palma, cuyo titular es el juez José Castro. Desde hace meses, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y sobre ella circulan todo tipo de rumores. Lo cierto es que ni siquiera ha trascendido la identidad de los posibles imputados, que comenzarán a comparecer ante el juez en los próximos días.

La adjudicación del Palma Arena se realizó en el 2006 a una UTE formada por FCC y Melchor Mascaró. La puesta en marcha del proyecto correspondió a un consorcio del que formaban parte el Govern, el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma. Este organismo, bajo la presidencia del entonces jefe del Ejecutivo autonómico, Jaume Matas, asumió un crédito por valor del presupuesto para financiar la obra. Este préstamo estaba avalado por el Govern. Los costes financieros de esta operación y los sucesivos modificados de la obra dispararon el coste del proyecto. La junta rectora del Consorcio analizó el sobrecoste y cinco días antes de las elecciones de mayo de 2007 acordó solicitar al resto de instituciones un presupuesto complementario de 35'6 millones de euros.

Uno de los gastos a los que apunta directamente la investigación judicial es el pago de una minuta de nueve millones de euros a los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz Guasp por la dirección de la obra. Éstos ya han remitido a la Fiscalía documentación para justificar estos honorarios.

También el Govern ha remitido numerosa documentación sobre el proyecto. Además de las sospechas judiciales, el Palma Arena, ha atravesado numerosos problemas desde su inauguración hace año y medio, en marzo de 2007. Los empleados que trabajan en el recinto señalan que todavía hay numerosos desperfectos en las dependencias y cuentan, por ejemplo, que cada vez que llueve se producen goteras.