El juez imputa al ex edil de Cort Bartomeu Cerdà y al abogado Manuel Montis en el 'caso Son Oms'

La Fiscalía Anticorrupción pidió la acusación de Cerdà por un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionario, ya que era concejal del Ajuntament de Palma en 1991, cuando los trabajos para poner en marcha el polígono industrial comenzaron un año antes. De forma previa a la imputación, el fiscal Juan Carrau le había interrogado sobre su relación con Maximilià Morales y Bartomeu Vicens. Cerdà manifestó que, a inicios de los noventa, compartía despacho con Morales y que Vicens participaba en alguno de los asuntos que allí se tramitaban. Dijo que también era socia de este despacho la actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar.

Sobre su relación con los trabajos para recalificar los terrenos de Son Oms, Cerdà contó que ante unos artículos publicados en prensa en el año 1991 sobre la escasez de suelo industrial en Palma, los miembros del despacho comenzaron a trabajar. En su declaración, el ex concejal aseguró varias veces que él no asistía a las reuniones que se mantenían en el despacho para poner en marcha el polígono y que lo que sabe es lo que le contaban sus compañeros.

En calidad de testigo, Cerdà explicó que para poner en marcha el polígono industrial, el despacho buscó aunar a la mayoría de los propietarios de los terrenos para, a continuación, pedir al Ajuntament que iniciara los trámites para cambiar la calificación del suelo. En esas gestiones, se solicitó la reconversión de más de un millón de metros cuadrados.

Ante estas declaraciones, la Fiscalía intervino para solicitar la imputación ya que, si Cerdà se benefició de esas gestiones, podría haber incurrido en un delito de negociaciones prohibidas. Al cambiar su situación en la instrucción, el interrogatorio se suspendió y se reanudará cuando el ex concejal de Cort cuente con un abogado que le defienda.

Lo mismo ocurrió en el caso del abogado Manuel Montis. Éste es además hermano de Jaime Montis, otro de los imputados en la causa, al que además defiende como letrado. Estos dos motivos eximen del deber de declarar, por lo que no tuvo que responder a las preguntas formuladas por el fiscal.

Pese a no responder, el ministerio público solicitó la imputación ya que considera que hay «elementos de incriminación que aconsejarían que, para mayor garantía de su declaración, la efectuara en esta calidad». En concreto, el fiscal Carrau indicó que Montis actuó como apoderado de la sociedad gestora de desarrollo de Son Oms y que además es socio de la entidad Montis Abogados, que efectuó pagos a Bartomeu Vicens y recibió facturas tanto de Vicens como de su esposa por servicios y prestaciones que nunca habían sido realizadas, según denuncia la Fiscalía.

El Tribunal Superior de Justicia instruye la parte del sumario del 'caso Son Oms' que afecta al diputado Bartomeu Vicens. Otra parte de la causa continúa en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma.