Por ahora, han decidido plantar cara al Ministerio de Justicia con una batería de reivindicaciones, de las que tomó debida nota el juez decano de Palma, Francisco Martínez.
Uno de los magistrados que participó en la reunión comentó a Ultima Hora: «Faltan peritos, interpretes, funcionarios, más jueces. Muchas causas se amontonan en nuestros despachos, pero no es por nuestra culpa. La instrucción es lenta, porque lenta es la respuesta a la práctica de diligencias que ordenamos. Si yo no tengo un perito que evalúe, por ejemplo, el coste de un reloj robado, o no hallo un intérprete para la declaración de un extranjero, ese sumario dormirá el sueño de los justos durante mucho tiempo. Y un ejemplo reciente: el caso de Rabasco ha concluido con una sentencia siete años después de iniciarse el proceso».
Los jueces de Palma consideran que cumplen «a rajatabla» con los módulos de trabajo que les impone el órgano que les controla, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Afirman que están muy por encima de los mínimos (de productividad) exigidos, pero que la carencia de medios -sin mencionar el caótico estado de algunas instalaciones- supone un lastre importantísimo en la tarea de agilizar los procedimientos.
También, el colectivo de magistrados destacó el aumento constante de la entrada de asuntos en los juzgados, que han tramitado una media de 1.000 pleitos penales y civiles más hasta junio de este año en comparación con el mismo período de 2007, según las estadísticas oficiales que manejan los decanatos de Vía Alemania y Sa Gerrería.
Han aumentado las querellas y las denuncias en Vía Alemania, con 141 y 29.345 asuntos registrados entre enero y junio, frente a las 127 y 28.905 de los seis primeros meses del pasado año, respectivamente. El ritmo creciente de la litigiosidad queda de manifiesto en los datos de Sa Gerreria, donde se tramitan los asuntos civiles, entre ellos, bienes hipotecarios pignorados, juicios verbales y arrendatarios, divorcios, separaciones y concursos de acreedores, entre otros. Los magistrados de Palma ya se han pronunciado en otras ocasiones. El pasado mes de febrero, por ejemplo, los 56 jueces unipersonales de Palma acordaron limitar el desempeño de su labor al mínimo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en protesta por la pérdida de capacidad adquisitiva que, aseguran, han sufrido en los últimos años.
La adopción de esta medida, según explicó el juez decano, se debe a la situación de «hartazgo» alcanzada por los titulares de los juzgados.
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