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El Ajuntament de Palma recibirá el próximo año unos 70 millones de euros procedentes del futuro Fondo de Inversión Municipal, que será creado en breve por el Gobierno central tras recibir su puesta en marcha el visto bueno del Consejo de Ministros celebrado ayer.

Dicho fondo prevé destinar, a través de los ayuntamientos, un total de 8.000 millones de euros para financiar obras de nueva planificación y de ejecución inmediata, es decir, que no estén incluidas en los Presupuestos de 2009. Con esta iniciativa, el Gobierno central prevé que se puedan crear unos 200.000 empleos.

Los ayuntamientos deberán presentar entre el 10 de diciembre y el 24 de enero del próximo año las solicitudes de financiación de los proyectos que deseen llevar a cabo, que deberán iniciarse entre el 11 de enero y el 13 de abril de 2009, y estar concluidos el 31 de diciembre del próximo año. Cada uno de dichos proyectos no podrá superar los cinco millones de euros de coste.

Cort y el resto de ayuntamientos recibirán el 70 por cien del dinero del proyecto que vaya a ser subvencionado tras remitir al Ministerio de Administraciones Públicas un certificado en el que se hagan constar los datos de la adjudicación y el número de personas a emplear, en tanto que el otro 30 por cien será entregado cuando se certifique la realización de las inversiones y la finalización de las obras.

Para contextualizar la importancia del dinero que recibirá Palma a través de dicho fondo estatal, cabe recordar que los Presupuestos de Cort para el próximo año ascienden a 682'5 millones de euros, mientras que el Govern prevé destinar 25'5 millones de euros a Palma en 2009 a través de la Llei de Capitalitat.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó ayer la creación del citado fondo en la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que forma parte la alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo.

La alcaldesa destacó que se trata de «una medida sin precedentes de reconocimiento y confianza en la capacidad gestora de las administraciones públicas».