El plazo para presentar las impugnaciones finalizó ayer, y ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, que tiene a su cargo el procedimiento judicial, se tramitaron 111 incidentes, según confirmaron a Ultima Hora fuentes vinculadas al concurso de acreedores. No obstante, los organismos públicos, que en su conjunto reclaman a Grande 5'5 millones de euros, entre ellos el Govern, el Ajuntament de Palma y la Agencia Tributaria, disponen de un plazo más amplio para presentar sus impugnaciones, y se prevé que el número total se eleve a 120 recursos.
La Ley Concursal, en vigor desde 2004, establece que el juez debe resolver a traves de sentencias todos y cada uno de los incidentes concursales, especialmente si algunas de las partes solicita la práctica de nuevas pruebas. La excepción a la regla es, sin embargo, que las partes sólo discrepen en la documentación estudiada por los administradores, en cuyo caso, la controversia podría dirimirse sin la celebración de un juicio.
Grande se declaró insolvente ante el juez el pasado mes de junio al admitir unas deudas que el informe concursal ha estimado en 928 millones de euros, frente a un patrimonio valorado en 1.098 millones de euros. El promotor presentó quince concursos de acreedores, catorce de ellos correspondientes a otras tantas sociedades, y el último, a título personal.
Por otra parte, un informe de riesgos encargado el pasado mes de agosto por el propio Grande al Banco de España analiza el estado financiero de las catorce sociedades del promotor, así como de su concurso como persona física.
Según ese informe, al que ha tenido acceso este diario, establece que sólo cuatro sociedades de Grande -Drac Plus, Binisaeta, Binipuntiró y Drac Hotels- disponían de liquidez (15'1 millones de euros). El resto, de acuerdo al informe del Banco de España, tenía un cero en el apartado de cantidades disponibles.
Sin embargo, en el apartado de cantidades dispuestas, la suma total de las sociedades y del propio Grande ascendía a unos 500 millones de euros. Destaca, asimismo, las elevadas cantidades englobadas en el concepto de afianzamiento (avales con garantías efectiva entre las propias sociedades).
Ese informe de riesgos de Banco de España está en poder de los administradores concursales y es un instrumento que está a disposición de las entidades bancarias para medir la capacidad financiera de las empresas.
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