El Govern y las empresas y organismos dependientes de la Comunitat Autònoma no contratarán este año a personal eventual ni a interino. El objetivo del Ejecutivo es normalizar su funcionariado y tender a una plantilla estable y sujeta a todos los controles que establece la ley.
Según establece una disposición del texto de los presupuestos, que entraron en vigor el pasado día 1, la contratación de personal laboral temporal o el nombramiento de interinos, «únicamente en casos plenamente justificados y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables» requerirá la autorización previa de las conselleries de Funció Pública e Hisenda.
El Govern, desde hace tiempo, está inmerso en la regulación del funcionariado. Los gastos del personal para este año son 654.874.450 euros.
Durante este año que comienza los controles del sector público van a ser máximos y, a la espera de que se concrete definitivamente el proyecto de ley en que trabajan Hisenda y Presidència, una disposición específica de los Presupuestos faculta al conseller d'Hisenda a dictar instrucciones en materia de gestión presupuestaria tanto en los órganos del Govern como en las empresas públicas.
Ochenta de las 163 empresas y organismos públicos con participación del Ejecutivo autónomo se crearon entre 2003 y 2007, es decir, durante el último mandato de Jaume Matas. Así lo ha constatado el Govern en el trabajo de campo previo a la elaboración de una ley que regulará el sector y que podría estar lista a principios del próximo año. Así se informó ayer a este diario desde el Ejecutivo autónomo.
Dos conselleries, la de Hisenda y la de Presidència trabajan en esta nueva iniciativa legal que pretende unificar las contrataciones y la fiscalización de contratos y cuentas en empresas públicas, empresas instrumentales y consorcios públicos, como el polémico CDEIB.
Las empresas públicas del Govern gestionarán este año un total de 816 millones, casi un 9 por ciento más que el pasado ejercicio, y podrán endeudarse en otros 130 millones, según el proyecto de presupuestos que tramita el Parlament.
Las empresas públicas pasan de un presupuesto de 749'1 a 816'9 millones. Serveis Ferroviaris de Mallorca, con 129 millones, es la empresa pública con mayor presupuesto, seguida de la Agència Balear de l'Aigua, con 108 millones, y el Institut Balear de l'Habitatge, con 100'3 millones.
El Govern actual ha mantenido todas las empresas e institutos públicos de la anterior etapa.
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