La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca convocó ayer una concentración de protesta frente a la Audiencia Provincial de Palma «contra las acciones discriminatorias, incomprensibles e inadmisibles» de la justicia española y frente al «silencio» de las instituciones de las Islas.
Cerca de 50 personas, entre ellas Aina Rado, vicepresidenta primera del Parlament, reclamaron la modificación de la Ley de la Memoria Histórica para que sean las administraciones quienes asuman la responsabilidad de localizar las fosas comunes y garantizar los trabajos de exhumación e identificación de los cadáveres. Unas 3.000 personas fueron asesinadas durante el franquismo en Mallorca.
Asimismo, reclamaron que todas las sentencias de los tribunales franquistas sean anuladas y que se restituya la «dignidad y el honor de las víctimas», reivindicación que apuntó también Esquerra Illes Balears el viernes tras denunciar que no se anulara el juicio sumarísimo por el que se condenó a muerte al que fuera presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys.
Otra de las reivindicaciones de la asociación es la eliminación de toda la simbología franquista de Mallorca, en cumplimiento estricto de la Ley de la Memoria.
La represión franquista supuso el encarcelamiento de cientos de mallorquines y, como denunció la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, «ninguno de ellos, ni sus familias, ha encontrado respuesta en la justicia ni en las instituciones de su propio país», aseguraron. «Ninguno de ellos ha dejado de sentirse víctima en un estado democrático en el cual todavía se sienten maltratados», afirmaron desde la asociación.
Las acciones de la citada asociación se encaminarán ahora al Defensor de Pueblo, al president del Govern balear y a los dirigentes de los diferentes partidos políticos del arco parlamentario para lograr su reconocimiento.
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