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TORRES BLASCO/BORJA CATALÀ
La ex consellera Mabel Cabrer abordó ayer en los pasillos del Parlament al secretario general del PSM Biel Barceló y le acusó de causarle daño personal y psicológico con las «insinuaciones» que se hacen desde la Conselleria de Mobilitat, que dirige Biel Vicens (también del PSM) sobre su gestión de la obra del metro.

Según comentó Cabrer a Barceló y a los medios de comunicación se está insinuando que había «podido meter mano en la caja» o «llevarme dinero» y «eso no es así». También afirmó que se le causaba daño personal con estas actuaciones.

Barceló lamentó que la ex consellera, ahora diputada autonómica del PP, «se tome esto como algo personal» y mantuvo que lo único que ha hecho el Govern es poner en manos de la Fiscalía información sobre las obras por si fuera un hecho constitutivo de delito. «El Govern no acusa a nadie, sólo pone en conocimiento de la Fiscalía unos hechos».

A este asunto se refirió ayer el conseller Vicens. Vicens criticó el «espectáculo» que se ha creado, tras su decisión de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción los 3'8 millones de euros «irregulares» en las obras del metro y, en este sentido, preguntó al PP «si pretendía que cogiéramos toda esta documentación y la metiésemos en un cajón».

En los pasillos del Parlament, Vicens respondió así a la portavoz del PP en materia de Transportes, Mabel Cabrer, quien ayer desveló que dos ingenieros Pau Cavaller y Juan Herranz, de las empresas INECO y Grusamar, que fueron contratadas «a dedo» por el actual Ejecutivo balear para llevar a cabo las auditorías del suburbano, han pasado a integrar el personal laboral de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).

Vicens insistió en que «no ha acusado a ninguno», sino que «simplemente», tomó la decisión de poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía debido a que «no tenía respuesta» ante estas «irregularidades».

Por otro lado, ayer quedó visto para sentencia el juicio por la demanda presentada por la ex directora de obras del metro, Ana García contra Serveis Ferroviaris de Mallorca por su despido.

La vista, que tuvo lugar en el juzgado de lo social número 2 de Palma, empezó el lunes con la comparecencia de testigos y peritos y se reprendió ayer con las alegaciones finales de las dos partes. Rafel Nicolau, abogado de García, manifestó que era «obvio que hay cuestiones políticas detrás del despido, sólo hace falta echar un vistazo al espectáculo mediático de los últimos días» y señaló que su representada había sido una «cabeza de turco».

Nicolau solicitó la readmisión de García y destacó que el metro había sido la mayor obra de Balears y que se había construido en dos años gracias a la labor de los ingenieros y de su clienta.

La defensa de SFM negó cualquier relación política con el despido y reiteró las irregularidades técnicas que destaparon las inundaciones en el suburbano.

El metro fue uno de los grandes proyectos del Ejecutivo de Jaume Matas, junto a la construcción del Palma Arena. Ambos son objeto de indagación por la Fiscalía.