31/07/09 0:00
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S. CARBONELL/E.P. «Espero que la Llei de Comerç se apruebe en el Parlament por lectura única» al estar ampliamente consensuada con todas las formaciones políticas, los cuatro consells insulars y los 67 municipios de las Islas, además de los distintos agentes sociales y económicos, afirmó ayer la consellera de Comerç, Indústria i Energia, Francesca Vives, en la presentación del anteproyecto de la citada ley.

Vives consideró que ese trayecto parlamentario corto, es el «lógico» para esta nueva legislación, que supone una trasposición de la ley estatal, que a su vez lo es de la Directiva Europea de Servicios, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Consenso
La responsable de Comerç se mostró convencida de que el PP, en la oposición, no retrasará la aprobación de la nueva legislación, porque la «conoce» y sabe que sigue las mismas pautas que en comunidades gobernadas por esa formación en aspectos como la consideración de gran superficie -aplicando una escala distinta dependiendo de en qué isla se prevea abrir- y «no tiene sentido» que obstruya su aprobación.

Precisamente, hoy el Consell de Govern tenía previsto aprobar el anteproyecto de la misma, que viene a sustituir a la ley 11/2001, de 15 de junio de Ordenación de la actividad comercial de las Islas, tras experimentar el texto una serie de modificaciones técnicas que han retrasado su paso por el Consell de Govern.

Entre las distintas novedades que incorpora el borrador que iniciará en septiembre su recorrido parlamentario, Francesca Vives destacó que, a partir del próximo año, la tramitación de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial requerirá contar con un certificado municipal que acredite que el proyecto se adapta a la planificación urbana, así como un informe del órgano de defensa de la competencia autonómico.

Vives especificó que también queda suprimido el artículo 15, sobre el régimen jurídico de la licencia autonómica de gran establecimiento comercia, «por ser un criterio estrictamente autonómico» y, el término máximo para notificar la resolución se mantendrá en seis meses, con la diferencia de que el silencio administrativo pasa a considerarse «positivo» en el anteproyecto que está previsto que se apruebe en el Consell de Govern que se celebrará hoy.