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El conflicto de Serveis Ferroviaris de Mallorca se está eternizando y las diferencias entre la empresa pública y el comité de empresa se mantienen en detrimento de los usuarios de los trenes. En este conflicto laboral, el comité de empresa ha denunciado que el problema para alcanzar un acuerdo es la falta de seguridad en los trenes, además de la contratación a dedo por parte de SFM. Sin embargo, parece que el motivo real del conflicto tiene otros motivos muy diferentes. Como informaba ayer este diario, los trabajadores del tren y del metro temen perder las retribuciones conseguidas la pasada legislatura. El gráfico que se publicaba sobre los sueldos que llegaban a cobrar determinados trabajadores son más que evidentes. Un inspector de operaciones cobró en 2008 algo más de 60.000 euros anuales entre el sueldo y horas extras. Un maquinista, 54.000 euros. Si se incrementa la plantilla mediante una oferta pública de empleo, los privilegios de los trabajadores de SFM van a perderse y, por lo tanto, al comité de empresa le interesa que todo siga igual. Es decir, que los trabajadores perciban sueldos muy elevados gracias a las horas extras, algo que no parece razonable en la actual situación económica. Que los trabajadores se opongan a que la oferta pública de empleo exija el Bachillerato o el nivel B de catalán tampoco parece lógico, de la misma manera que debe ser un tribunal imparcial en lugar del comité de empresa el que evalúe a los opositores de la SFM. Si el problema de fondo es la inseguridad, como esgrimen los sindicatos, parece que la propuesta de SFM de invertir 17 millones debería servir para zanjar el conflicto de una vez por todas. Si no hay acuerdo, quedará claro que el problema real del conflicto es que algunos trabajadores no quieren perder unos privilegios, conseguidos durante el mandato del PP, que, hoy por hoy, son inexplicables e inasumibles.