Los fiscales y el juez hicieron que Rafael Durán admitiera que todos sus estudios superiores consisten en «no haber aprobado ninguna asignatura de Derecho». Ese extremo no era baladí en el interrogatorio posterior a su detención por el enorme sobrecoste del Palma Arena, puesto que Durán presidió sistemáticamente la junta rectora del Consorcio público para la construcción del velódromo y admitió no tener capacitación alguna para discernir si todo aquello a lo que asentía en cada reunión era o no ajustado a las leyes, y si había cumplido o no los trámites administrativos.
En concordancia con lo anterior, Rafael Durán -entonces concejal de Deportes de Cort y presidente del Consorcio en delegación permanente de la alcaldesa Cirer-, señaló ante el juez Castro y los fiscales Horrach y Subirán que «la junta rectora admitía como propio el parecer de Ballester, ya que toda la construcción del velódromo pivotaba sobre el Govern».
Durán fue aún más explícito en ese sentido. «La junta rectora del Consorcio -señaló ante el magistrado instructor de la causa- era una 'convidada', y eran los señores Ballester y Moisés los que decidían si se incoaba un procedimiento de contratación o no».
En esa línea de ignorancia sobre el fondo y las formas de las decisiones que adoptaba el Consorcio para la construcción del Palma Arena, del que formalmente era rector, Rafael Durán dijo en sede judicial que a pesar de llevar seis años en el Ajuntament de Palma como concejal «sólo ahora (tras su detención como imputado en el caso) entiendo que el procedimiento seguido no era normal».
Tampoco supo aportar Durán en el trámite judicial las razones por las que los arquitectos García-Ruiz, a los que el Consorcio por él regido había firmado un contrato de honorarios multimillonarios para dirigir la obra, «no le planteaban sus dudas y recelos y en cambio se los contaban a Jaume Matas», en pregunta textual de los fiscales Anticorrupción de Balears.
De forma reiterada, la declaración de Durán que obra en las diligencias judiciales insiste en que siendo él quien había de presidir las reuniones del Consorcio, la persona que las convocaba era Jorge Moisés, director gerente y secretario de la junta de la entidad pública «quien nunca sometía a nuestra consideración cuestiones de mínima importancia ni de máxima», y que los asistentes «eran informados someramente de la marcha de la obra y poco más, siendo informante el señor Ballester».
No por ello negó Durán en sede judicial haber firmado numerosas órdenes de pago para el Palma Arena, y además, en concurso con Jorge Moisés, una certificación de un acuerdo adoptado en la junta rectora en 2007 conforme al cual se reconocía una deuda de 30 millones de euros con las empresas constructoras del velódromo «pero sin comprobar la realidad, ya que la empresa de los arquitectos García-Ruiz, GR1, S.L. informó favorablemente».
También fue claro Rafael Durán al contestar a los fiscales sobre el responsable de la sustitución del arquitecto alemán Ralph Schürmann por los hermanos García-Ruiz como arquitectos del velódromo Palma Arena que a la postre se edificó. «La propuesta no partió de la junta rectora -dijo su ex presidente-, sino del señor Ballester».
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