Palma Arena, descontrol absoluto

El proceso de construcción del Palma Arena estuvo marcado desde el principio por un descontrol absoluto, y eso es algo que no se puede permitir a las administraciones públicas cuando manejan el dinero de todos. La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción desvela prácticas en este proceso que suponen pasar por alto todas las leyes referentes a la convocatoria de concursos públicos y a la aprobación de presupuestos para obra pública. De hecho, durante la investigación, no se ha podido encontrar documento alguno relacionado con la contratación del equipo técnico encargado del proyecto del velódromo ni la contratación y adjudicación de las obras desde que se puso en marcha el Consorcio en noviembre de 2005. Eso es tanto como decir que, como las contrataciones eran ilegales porque se habían llevado a cabo sin concurso previo, obligado al tratarse de presupuestos tan elevados, no consta ningún papel que acredite nada. Y el sobrecoste del cien por ciento registrado en las obras del Palma Arena se conoce por las facturas pagadas a la UTE encargada de ejecutarlas, o por el sueldo astronómico cobrado por los arquitectos García-Ruiz, pero no porque se justificara previamente ante ninguna Administración la necesidad de acometer ese gasto. Resulta inadmisible que ninguna de las instituciones que formaban parte del Consorcio se tomara la más mínima molestia de controlar los pagos millonarios que se llevaban a cabo con dinero público. Se limitaban a pagar, sin más. Todo se hacía «sin publicidad y con carácter de urgencia», dentro del más absoluto oscurantismo. Y entre las facturas encontradas aparecen unas tan curiosas como las del pago de análisis de orina de ciclistas o un viaje a EE UU de personas que pertenecían a la Unión Ciclista Internacional, abonadas con dinero que manejaban los hermanos García-Ruiz para pagar, en teoría, al aparejador, al arquitecto de pista o las obras de la pista.