El Ajuntament de Palma ha iniciado una auténtica cruzada en favor de la implantación del carril bici en la ciudad, una medida que en principio no debería generar polémica ni inconvenientes está generando, por el contrario, numerosas críticas tanto por las formas con las que se aplica como por el trazado de las nuevas vías. El equipo de Aina Calvo está dispuesto a imponer un modelo de transporte sin un debate ciudadano previo ni, por supuesto, calibrar sus consecuencias. Las primeras actuaciones evidencian una improvisación que puede acabar teniendo consecuencias irreversibles en la trama urbana de la ciudad.
Los objetivos que se persiguen desde Cort se alejan de la deseable compatibilidad de los diferentes medios de locomoción "públicos y privados" para, de manera unilateral, decidir entorpecer deliberadamente el uso de los vehículos a motor, en especial de los privados, suprimiendo zonas de aparcamiento y estrechando las calzadas; incluso las de ejes básicos para el tráfico, como es el caso de las Avingudes. Además, la promoción del uso de la bicicleta, tal y como pretende el Ajuntament, deja abiertas numerosas incógnitas sobre la obligada convivencia entre peatones y ciclistas "a éstos últimos no se les exige ningún seguro de responsabilidad civil en caso de accidente".
Es legítimo y deseable promover un entorno urbano más amable y sostenible, y la promoción del uso de la bibicleta es un proceso en el que se tiene la experiencia de numerosas ciudades europeas y españolas en las que no se tiene la percepción de que la implantación del carril bici sea una ofensiva deliberada contra el resto de ciudadanos que, por necesidad o conveniencia, no son ni serán sus usuarios.
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