Antoni Moll, ex presidente ejecutivo de Royal Resort, declaró ayer que el «beneficio de la estafa» supuestamente asumido por los acusados en el juicio del 'caso Royaltur' que se está celebrando en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, ascendió a 1'5 millones de euros (250 millones de pesetas).
Esa cantidad habría sido cobrada a través de sociedades interpuestas, principalmente, por el ex consejero delegado de la Inmobiliaria Alcazar, Juan Piguillem, a quién prácticamente todos los querellantes atribuyen un papel clave en el desarrollo de la supuesta trama.
La familia Moll vendió sus participaciones por 2.340 millones de pesetas, más otros 3.700 millones en concepto de avales liberados, cantidades muy inferiores al valor de su patrimonio, que en 1993 los Moll calculaban en unos 36.000 millones de pesetas. Por ello afirman ante el tribunal que fueron «expoliados y despojados de su patrimonio».
Ayer declararon en sesiones de mañana y tarde los hermanos Antoni y Salvador Moll, los abogados Vicente y AntonioAutonell, Rafael Ortíz, el asesor fiscal Gabriel Quetglas y los ex directivos del Grupo Moll José María Torres, Juan Palou, Pere Nadal y Jaime Lladó. El juicio continuará hoy con los informes periciales.
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