El magistrado Carlos Izquierdo, presidente del tribunal del jurado que la pasada semana juzgó al ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, condenado al acusado a dos años de prisión así como a cuatro años de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de malversación de fondos públicos en clubes de alterne y casas de masaje.
Así consta en la sentencia emitida hoy por el juez, en la que se tienen en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de drogadicción solicitadas por la defensa -junto a la de confesión-, al considerar probado que el 13 de marzo de 2008 reintegró a las arcas municipales 50.804 euros como cantidad total que había desviado y que en el momento de los hechos el ex edil era adicto a la cocaína.
Cabe recordar que el fiscal Juan Carrau rebajó su petición de pena de tres años y medio a tres de prisión para el acusado así como a seis de inhabilitación absoluta, mientras que el letrado del ex edil, José Ignacio Herrero, pedía para su patrocinado cuatro meses y medio de privación de libertad así como un año y medio de inhabilitación absoluta. Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en un plazo de cinco días.
La resolución judicial remarca que De Santos devolvió esta cantidad antes de que fuese iniciado el proceso judicial contra él, de acuerdo a lo defendido por el abogado del ex concejal. Tal y como relata la sentencia, De Santos, aprovechando su cargo como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP), utilizío la tarjeta municipal de esta compañía «en su propio beneficio y sin intención de decvolver las cantidades» defraudadas.
En concreto, entre enero y octubre de 2006 el ex regidor gastó en su propio beneficio un total de 28.468 euros en el local de masajes Casa Alfredo a través de 81 cargos a la tarjeta, ninguno de los cuales superó los 4.000 euros, y girando la facturación a nombre de Alfredo Gómez, propietario del local. Asimismo, en noviembre de ese año realizó otros seis cargos por 1.330 euros en el mismo establecimiento, bajo el nombre del encargado del local Deyan Delchev.
La sentencia señala asimismo que también en Casa Alfredo el condenado gastó 20.349 euros mediante 37 cargos, girando la facturación a nombre de Lavandería Miele, aunque ninguno mayor a 4.000 euros. Mientras tanto, en el local de alterne Prometeo abonó 880 euros, así como 350 en la sauna Sabiniano Gómez Serrano, y 1.825 euros en el Hotel Barceló-Albatros.
Tal y como manifiesta el juez en la sentencia, De Santos era adicto a la cocaína en el momento de los hechos, lo que disminuía de forma «no intensa», como ya había considerado probado el jurado popular en su veredicto, su voluntad para reprimirse en la realización de los gastos.
El proceso judicial contra De Santos se inició el 13 de marzo del pasado año con la interposición de una querella por parte de la Fiscalía, que llevaba investigando los hechos con anterioridad a esa fecha, pesquisas que, tal y como puntualiza la resolución, eran conocidas por De Santos ya que había sido citado a declarar ante el fiscal un día antes.
Además, el juez destaca que el mismo día 13, concretamente a las 17.05 horas, De Santos remitió una carta a la alcaldesa en la que expresaba reconocer el desfase por 50.804 euros e indicaba que procedía a su devolución, que lo atribuía a un error y donde manifestaba quedar a disposición de la primera edil para practicar liquidación. Según la sentencia, la misiva fue enviada por el acusado a fin de reconocer el hecho delictivo. La resolución también remarca que el ex edil ha pedido perdón públicamente así como ante los medios de comunicación.
EL DINERO «POR DESGRACIA ERA PARA PAGAR DROGA»
Durante el juicio celebrado del 14 al 16 de septiembre en la Audiencia Provincial de Palma, el encausado alegó que el dinero que desvió era «por desgracia para pagar droga ya que la adicción que tengo es a la droga, no al sexo».
Mientras tanto, en la última sesión de la vista y haciendo valer su derecho a la última palabra, se dirigió al tribunal del jurado «como drogadicto y no como culpable, que lo soy», para transmitirle que «he vivido engañado» debido a su dependencia ya que «tenía un perjuicio y pensaba que lo podía dejar». Asimismo, manifestó que «mi verdad es sincera porque se basa en hechos reales y es que mi voluntad nunca fue la de apropiarme de dinero público».
ENCAUSADO EN OTROS DOS PROCEDIMIENTOS
Cabe recordar que De Santos también será juzgado los días 5, 6 y 7 de octubre, en este caso por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, acusado por presuntos abusos sexuales a menores. En concreto, la Fiscalía pide 24 años y tres meses de cárcel por cuatro supuestos delitos de abuso sexual, dos contra la salud pública y un último de corrupción de menores o alternativamente otro contra la integridad moral, pese a que su defensa niega que se produjesen estos hechos y pide la libre absolución del procesado.
Es por esta causa por la que De Santos abandonó el pasado 30 de marzo la cárcel de Palma, en la que se encontraba de forma preventiva desde el 27 de junio de 2008. Por otro lado, el ex concejal también está inculpado en un tercer procedimiento, relacionado con las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del castillo de juegos infantiles de Sa Riera y aún en fase de instrucción.
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