Un proyecto de ley de la Conselleria de Hisenda, que está siendo discutido por los partidos que forman el Ejecutivo para su posterior envío al Parlament, refuerza de una manera drástica, y sin precedentes en otras comunidades autónomas, los controles económicos del gasto público y los extiende a las empresas públicas y consorcios obligando a auditorías constantes y a filtros en los pagos y contrataciones que, en último extremo, estarán sujetos al control del titular del departamento de Hisenda.
Se trata del proyecto de Ley de sector público e instrumental de la Comunitat Autònoma en cuya redacción ha trabajado también la Conselleria de Presidència. Esta ley da pie, en una de sus disposiciones adicionales, a una reconversión total de los entes públicos (empresas, sociedades instrumentales y consorcios) y a «recortarlo y simplificarlo» en aras de la «eficacia y la eficiencia en la gestión».
El conseller de Hisenda, Carles Manera, y el de Presidència, Albert Moragues, han recibido del president Antich el encargo de poner en marcha el proceso de 'adelgazamiento' de la Administración, que ya ha empezado a concretarse esta misma semana con la supresión de una dirección general, la de Proyectos, y el anuncio de la consellera Joana Barceló de que se irán suprimiendo más departamentos en el futuro.
Flecos pendientes
La nueva ley insiste especialmente en el régimen de control y tutela de estos entes (algunos sujetos, hasta ahora, al régimen privado, otros al mixto) para «conseguir una actuación transparente en la gestión de los intereses públicos presidida por los criterios de buen gobierno, profesionalidad y de integridad de los gestores públicos».
Cuando esta ley esté vigente, la creación de empresas, sus planes de actuaciones y otras medidas deberán tener la aprobación del conseller de Hisenda. Independientemente de la Conselleria de la que dependan estos entes, Hisenda y su intervención tendrán la última palabra. La idea es evitar los 'reinos de taifas' que habían caracterizado etapas pasadas. Uno de los artículos del proyecto, que todavía está pendiente de aportaciones de otros partidos, faculta a la Conselleria de Hisenda a revisar los resultados de cualquier auditoría que presente dudas. El presupuesto de los consorcios se aprobará por el Parlament.
El camino de esta ley, sin embargo, no va a ser fácil. UM, por ejemplo, ha hecho saber que hay una serie de controles que pueden ser excesivos y no comparten que la Conselleria de Hisenda tenga tantos poderes.
Su tesis es la misma que han defendido en el Consell de Mallorca: más autonomía y que hay que dar agilidad a sus departamentos.
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