El juez instructor del 'caso Funeraria', la supuesta trama delictiva urdida en torno a la venta de nichos en el cementario de Palma en el anterior Govern del PP, ha ordenado investigar a Francisca Moll, la mujer del ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) Óscar Collado, y tumbas de trece ciudadanos que podrían estar vinculadas a los hechos que constan en el sumario de la causa.
Oscar Collado se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras permanecer 16 días preso en la cárcel de Palma imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y contra la administración pública. El 'caso Funeraria' es investigado desde junio de 2009.
La Fiscalía Anticorrupción le incrimina por lucrarse con la venta de tumbas, despilfarrar un millón de euros en ataúdes, falsificar facturas y sustraer dinero de la caja entre 2003 y 2007. Han declarado ante el juez la ex gerente de la EFM Marina Sans, el ex portavoz del PP en Cort Rafael Durán, entre otros.
El juez libra oficio a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional para que emita un informe sobre el extracto de cuentas bancarias y posible vinculación de la esposa de Óscar Collado, Francisca Moll, en la trama delictiva.
También, el magistrado Manuel-Vicente Penalva pide que se practiquen gestiones de averiguación de la forma de pago de los vehículos propiedad de Oscar Collado y Francisca Moll.
Con respecto a las unidades de sepultura de trece ciudadanos, el juez ha solicitado a un perito que amplíe una prueba pericial ya realizada y que informe sobre el valor de esas sepulturas, las fichas de cada una de ellas, las facturas y las anotaciones contables.
Collado, el principal imputado en la trama, volverá declarar ante el juez el 20 de octubre.
Según los elementos indiciarios investigados en la causa, el ex gerente de la EFM alteraba al alza, al parecer, el precio de las sepulturas y se quedaba con el «diferencial». Además, evitaba sacar a concurso las inversiones más importantes de la Funeraria, como cuando destinó un millón de euros a la adquisición de ataúdes, cantidad que habría despilfarado, según Anticorrupción.
Collado admitió en su primera declaración ante la policía y el fiscal anticorrupción Pedro Horach una «deuda» con las arcas municipales inferior a 20.000 euros y aseguró que iba a proceder a devolver esa cantidad «muy pronto». Dijo que, a pesar de contar con un sueldo mensual de 6.000 euros, tenía deudas y que por eso sacaba dinero de la caja pero que luego lo reponía.
El Ajuntament de Palma ya había detectado a principios de año facturas manipuladas de gastos, que se habían cobrado a la empresa municipal. Se trataba de 'tickets' en los que se había añadido una cifra de más a mano y que correspondían a taxis o comidas, entre otras cuentas.
Sin embargo, donde más irregularidades se han encontrado es en documentos y facturas relacionados con obras que debían ejecutarse y que, finalmente, no se ejecutaban, como el aparcamiento del cementerio de Sant Jordi, según las hipótesis que manejan los investigadores.
La reforma de Son Valentí también llamó la atención por un presupuesto que había crecido de forma desmesurada.
El origen de la investigación partió tras encontrar el actual gobierno de Cort una serie de facturas de viajes de tipo personal que la regidora popular Marina Sans, por aquel entonces la edil de Salut y presidenta de la EFM, había comprado a través de la empresa pública para ella o algún familiar. Tras ese incidente, el área de Hisenda de Cort decidió investigar si había otros recibos dudosos, centrándose en el periodo que va de 2003 a 2007, durante la anterior lesgislatura.
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