El ex conseller Cardona acumula 7.005 solicitudes de documentación en el Parlament

No cabe duda que el más hiperactivo de los diputados es el conservador ibicenco Josep Juan Cardona. El conseller de Comerç i Indústria durante la pasada legislatura, imputado por el llamado 'caso Scala', tiene 7.005 expedientes abiertos, sólo durante el pasado año, de solicitud de documentación e información al Govern. De todas estas miles de solicitudes el propio Cardona reconoce que «he recibido muy pocas respuestas».

Durante el ejercicio de 2009, al igual que en los anteriores, son los diputados del único grupo en la oposición, el Partido Popular, los más 'curiosos' en términos parlamentarios, aunque algunos sobresalen del resto.

Durante los pasados doce meses, la también ex consellera de Sanitat i Consum Aina Castillo registró 813 preguntas con solicitud de respuesta por escrito y 161 peticiones de documentación e información al Govern. En la misma línea se encuentra otro ex conseller, en este caso de Interior, José María Rodríguez, el cual registró 167 solicitudes de documentación e información gubernamental.

La diputada conservadora menorquina Misericòrdia Sugranyes formuló 110 preguntas con solicitud de respuesta por escrito.
En el otro extremo de la inactividad parlamentaria se encuentran la mayoría de diputados que forman parte del propio Govern, la mayoría de los cuales no han presentado ningún tipo de iniciativa. Aunque pueda resultar anecdóctico, el president Antich firmó en 2009 siete proyectos de ley, muy por delante de la presidenta de la Cámara, Maria Antònia Munar, que contabilizó dos expedientes.

Veinte días
Los artículos 14 y 160 del vigente Reglamento del Parlament establecen los modos en los que los diputados pueden acceder a la información que solicitan al Govern, mediante la formulación de una pregunta con solicitud de respuesta en pleno, comisión o por escrito o la petición de remisión de una documentación.

Tanto en un caso como en otro, preguntas o petición de documentos, el Govern dispone de un plazo máximo de 20 días para dar respuesta al diputado.
La práctica habitual es que este plazo sea incumplido de manera reiterada por parte del Govern, en ocasiones por la dificultad de acceder a la información que se solicita, la imposibilidad material de tramitarla -cuando lo que se reclama son miles de documentos que paralizarán durante semanas departamentos de la Administración y obligará a destinar decenas de funcionarios a realizar las fotocopias- o, también sucede, la 'inoportunidad política' que aconseja demorar la respuesta para evitar la polémica o la confrontación.

Con todo, el paquete de preguntas que durante una hora formulan los diputados a los miembros del Govern ha ido adquiriendo personalidad propia con el paso de las legislatura hasta convertirse en una sesión de control, todo ello gracias a la agilidad en la tramitación de las preguntas que permite priorizar todas aquellas cuestiones de candente actualidad para incorporarlas al orden del día de cada pleno semanal, una rutina que se reinicia la próxima semana con el comienzo del año preelectoral y con una enorme previsión de actividad política extraparlamentaria.