P. Candia09/02/10 0:00
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No hay riesgo de fuga ni tampoco posibilidad alguna de destrucción pruebas. Esos serán, en síntesis, los argumentos principales que emplearán los abogados defensores de los imputados en la 'operación Voltor' en sus respectivos recursos de reforma que deben presentar hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Palma, Carmen Abrines.
El juez de guardia dio el pasado sábado tres días de plazo a los letrados personados para que presenten por escrito sus alegaciones a la decisión de imponer a los inculpados prisión preventiva comunicada y eludible con la prestación de una fianza.
El concejal de Cort y ex conseller de Turisme Miquel Nadal, el ex presidente de UM Miquel Angel Flaquer, y los ex directores generales de Promoción Turística y Calidad Ambiental, Joan Sastre y Antoni Oliver, deben constituir hoy fianzas de 100.000 euros cada uno, mientras que el contable de UM Alvaro Llompart tendrá que avalar 75.000 euros. Asimismo, los letrados deben presentar los recursos de reforma a esa decisión del juez a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez decidió imponer a los imputados en la causa que investiga una trama de desvío de dinero público a empresarios y sociedades afines a UM, medidas para «asegurar la presencia de los imputados en el proceso al existir riesgo de fuga, y para evitar la ocultación y destrucción de las fuentes de prueba».
Añade que se considera que hay «riesgo de fuga por la gravedad de las penas que se pueden imponer y genera por sí mismo un peligro fundado de que los denunciados pretendan evadirse de su posible imposición».
Algunos de los abogados personados en la causa señalaron que todos los imputados tienen arraigo en la sociedad balear «muy consolidado» y que el riesgo de eludir la acción de la justicia «está descartado» por ese mismo motivo.
Pruebas
Con respecto a la posibilidad de que haya destrucción de pruebas, los letrados la han descartado de manera rotunda. «La investigación desarrollada por los fiscales y la policía lleva meses, han habido minuciosos registros en varias empresas y se han incautado de numerosa documentación. No hay peligro de que eso ocurra», afirmaron los abogados consultados por este diario. El juez de guardia, no obstante, dio mucha importancia a la posibilidad de que los inculpados alteren o destruyan las fuentes de prueba, ya que «(los imputados) están capacitados para acceder por sí o a través de terceros a la documentación económica y mercantil trascendente para el esclarecimiento de los hechos».