La secretaria general de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), Joana Alomar, ha señalado hoy en declaraciones a Efe que la fecha de la reunión nacional aún no está concretada, pero podría ser entre los días 15 y 17 de este mes.
El objetivo es plantear la idoneidad del pago de cánones y derechos tal y como exige la Sociedad General de Autores (SGAE) que, en los últimos tiempos, está produciendo un profundo malestar en los pueblos de la isla.
La mecha la encendió a finales de enero el Ayuntamiento de Pollenca que, emulando a muchos particulares que han obtenido el respaldo de la Justicia, aprobó una moción por la cual reclamará a las empresas proveedoras de material informático la cantidad que se abona en concepto del denominado canon digital.
Su argumento es claro: el Ayuntamiento no usa los discos compactos ni los DVD ni las fotocopiadoras para copiar documentos con derechos de propiedad intelectual, puntualizan desde el consistorio.
El Ayuntamiento de Inca, un mes después, fue el segundo en echar más leña al fuego de indignación que desde hace años crece en los consistorios españoles contra la SGAE, entidad por la que se sienten casi «perseguidos» y «sangrados», según declaran los representantes locales.
La gota que colmó el vaso y despertó la furia de los ayuntamientos de las islas fue la denuncia realizada por el consistorio de Manacor de que la SGAE no solo pretende cobrarles por la música comercial sino también por los «ball de bot» y por las tradicionales «ximbombades» o las fallas en Valencia.
Las facturas llegan, tarde y cargadas de ceros: el Ayuntamiento de Sóller tiene sobre la mesa una reclamación de la SGAE por valor de 22.000 euros en concepto de derechos de la propiedad intelectual en fiestas populares de hace cinco años y ha pedido ayuda al resto de consistorios para elevar una sola voz contra esta situación.
Las protestas baleares han tenido eco inmediato en Cataluña, donde el Ayuntamiento de Hospitalet ha aprobado una moción por la que se opone al «abuso» que, a su juicio, padecen los comerciantes de la ciudad por parte de la SGAE que les obliga a pagar un canon por poner música en sus locales.
Para evitar una rebelión en masa, la FELIB ha decidido que el asunto se incluya en orden del día del próximo consejo territorial para acordar una postura común y eficaz para negociar con la SGAE no ya la supresión de los pagos pero si unas tarifas adecuadas.
Los municipios reclaman un catálogo en el que se fijen las cosas que sí están gravadas por derechos de autor, un sistema de facturación más claro (ahora la SGAE exige entre un 3 y 10 por ciento del gasto total de las fiestas) y con menos retrasos.
La disponibilidad a llegar a un acuerdo «es total», aseguran desde la FELIB, pero mientras tanto el disgusto municipal está siendo difícil de tragar, sobre todo en estos momentos de crisis económica y con el ahogo que sufren los ayuntamientos, reconocen
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