Javier Gilabert06/03/10 0:00
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La consellera de Turisme del Govern, Joana Barceló, y el presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, declararon ayer durante dos horas y cuarto en el juzgado provisional numero 3 de Maó por la imputación de un presunto delito de prevaricación administrativa interpuesta por el empresario ciutadellenc Valeriano Allés. Los socialistas defendieron que se respetó «escrupulosamente» la normativa en el proceso que les llevó a denegar la construcción de una planta de prefabricados en el interior del suelo rústico de la cantera de Son Sintas.
En el despacho de la jueza instructora, Rebeca Martín Calvo, contestaron a las cuestiones que suscita un expediente que se remonta al año 2006, cuando, siendo Marc Pons el conseller de Ordenación del Territorio del Consell y Joana Barceló presidenta del mismo, subrogaron la competencia urbanística de Ciutadella para terminar denegando los permisos al industrial de la piedra.
Es en ese punto en el que el abogado de la acusación, Jordi Tirvió y Rey, basa su querella al considerar que se actuó con «arbitrariedad» y se incurrió en un delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal con penas que van de los 7 a los 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público.
Tanto Marc Pons, como la actual portavoz del Govern defendieron dentro y fuera del juzgado que esa subrogación respondió «al silencio administrativo de Ciutadella» y que desde el Consell «siempre se ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y sin hacer distinciones entre ciudadanos». Así lo respalda, según reiteraron a la jueza instructora, el TSJB, que avaló con una sentencia en firme su actuación en Son Sintas.
Sin embargo, el Juzgado admitió a trámite la querella criminal interpuesta por Allés, que, una vez agotada la vía de lo contencioso-administrativo, acudió a lo penal. Tras las diligencias previas, la jueza deberá decidir si se da paso a la vista oral o bien se archiva la causa.