Calvo rechaza convocar las juntas generales de las empresas públicas

La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, no convocará las juntas generales de las empresas públicas, como había solicitado el PP, ya que entiende que «los actos realizados basándose en el texto de una norma que persigue un resultado contrario a la ordenación jurídica se consideran ejecutados en fraude de Ley», según un informe elaborado por la Secretaría General del pleno. Además, señala que «el alcalde responde de su gestión política ante el pleno, al que no le corresponde el gobierno sino el control de la acción de gobierno».
En concreto, los populares pretendían modificar el artículo 13 de los estatutos con la finalidad de que los miembros del consejo de administración sean nombrados y cesados a propuesta de la Presidencia o de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación; actualmente sólo puede hacerse a propuesta de la presidencia, es decir, de Aina Calvo. El PP también proponía en el orden del día el cese del actual consejo de administración de cada una de las empresas públicas y el nombramiento del nuevo consejo; así como de su presidente y vicepresidente. Los populares pretendían hacerse con el control de las empresas públicas; argumentan que tras la ruptura del pacto con UM el equipo de gobierno ha perdido la mayoría.
Moción de censura
Sin embargo, la alcaldesa emitió ayer un decreto de alcaldía negando la convocatoria de las juntas generales de las empresas. El regidor d'Hisenda, Andreu Alcover, destacó que el informe de Secretaría se basa en el artículo 49 del reglamento del pleno, en el artículo 6.4 del Código Civil y en los artículos 123 y 124 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local. Alcover aseguró que «pretender gobernar desde la oposición constituiría un fraude de Ley. Si quieren gobernar el camino está clarísimos», señaló en alusión a una moción de censura.
La alcaldesa también emitió un decreto de alcaldía en el que informaba que no tomaría en consideración el acuerdo adoptado por el pleno ordinario de febrero sobre la celebración de dos plenos mensuales, al considerar que la propuesta del régimen de sesiones del pleno corresponde a la Presidencia. Además, Calvo entiende que «las garantías de control están cubiertas».
PP y UM expresaron ayer su disconformidad por las decisiones adoptadas por la alcaldesa. «Calvo intenta silenciar a la oposición abusando de la maquinaria electoral», aseveró el portavoz del PP en Cort, Julio Martínez. En su opinión, «lo que es fraude de ley es que una minoría quiera gobernar sobre una mayoría. Ni la Constitución, ni ninguna Ley ampara democráticamente la situación de la alcaldesa».
Por su parte, la portavoz del UM, Cristina Cerdò, aseguró que «me llama poderosamente la atención que Calvo hable de democracia y gobierne a golpe de decretazos».
Tanto PP como UM están estudiando los decretos firmados por la alcaldesa y no descartan recurrirlos vía contencioso administrativo.