Cuestión de confianza

La petición de fianza para Jaume Matas revienta todos los registros contra políticos imputados en casos de corrupción. Y eso que ese récord en Mallorca fue pulverizado hace apenas una semana cuando el juez José Lope Sola impuso una de 350.000 euros a la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar por el 'caso Maquillaje'. El fiscal había pedido 450.000 euros en este caso.
En causas como Gürtel, la mayor fianza impuesta es la del ex alcalde de Boadilla, Arturo González y es de 1,8 millones de euros y además es una fianza civil. En otras causas como la del Palau de la Música de Catalunya, los dos principales imputados, Gabriel Prenafeta y Raimundo Alavern las tienen de 200.000 euros. Eso sí, ambos fueron detenidos e ingresaron en prisión antes de que se fijara esta cifra. En la 'operación Malaya' de Marbella, existen cauciones penales como los 60.000 euros de la ex alcaldesa Marisol Yagüe. El principal cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca pagó 450.000 euros.
En casos penales, por ejemplo, el supuesto jefe de la mafia rusa detenido en Mallorca, Ygnadios Petrov, ha abonado una de 600.000 euros. La acumulación de cargos contra el ex president Matas y su disponibilidad para viajar al extranjero, dado que reside en Nueva York y que, por lo tanto, carece de un arraigo suficiente en el territorio que le haga desistir de huir, explican la elevada caución solicitada. Una medida cautelar durante una instrucción es una decisión que un juez tiene que amparar en tres posibles motivos: la existencia de riesgo de fuga, la posibilidad de que se reincida en el comportamiento delictivo o la sospecha de que el imputado puede tratar de eludir la acción de la justicia, esto es, fugarse.
Es en este tercer caso cuando una de las alternativas es la imposición de una fianza penal. Con ella el juez persigue que el patrimonio del encausado disminuya de forma que le sea difícil escapar y establecerse en otro lugar. Al margen de las cauciones, otras medidas habituales son la retirada del pasaporte o la obligación de personarse periódicamente en sedes judiciales.