12 jueces

El magistrado José Castro, un veterano de la carrera judicial de 64 años, titular del juzgado de Instrucción 3 de Palma, se ha dado a conocer en toda España con el auto referido al ex presidente de Balears y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, a quien ha impuesto una fianza de tres millones de euros para eludir la cárcel por el 'caso Palma Arena'.
Castro, que ingresó en la carrera judicial en 1976 y desde entonces ha pasado por destinos como Dos Hermanas (Sevilla), Arrecife (Lanzarote) y Sabadell, llegó a la demarcación palmesana en 1985 para hacerse cargo de un juzgado de lo Social, y cinco años después desembarcó en el ámbito de la instrucción penal.
Como sus once compañeros en la tramitación de una cada vez mayor litigiosidad y de -ante todo-, diligencias previas, procedimientos abreviados y juicios de faltas, no ha concedido nunca una entrevista a un medio informativo y no hace declaraciones.
Los doce jueces de Instrucción de Palma, diez de los cuales tienen asignada al menos una de las pesquisas abiertas por presunta corrupción de políticos en activo o cesantes, vieron ingresar por reparto en sus oficinas durante el año 2009 un total de 81.700 asuntos sin ningún cariz «mediático», a los que cabe añadir otros 12.000 pendientes de inicio real, mientras resolvieron un total de 83.000.
De hecho, la Memoria del Tribunal Superior de Justicia sobre el estado, funcionamiento y actividades del ámbito jurisdiccional en Balears el año pasado, afirma que pese a la tendencia acumulativa de litigios los titulares de los Juzgados de Instrucción de Palma -en varios de ellos con otro profesional de refuerzo por semestres- resolvieron una media de 6.650 casos, es decir, más de los ingresados.
Ninguno de los compañeros de ámbito del juez Castro ha suscrito todavía un auto de 147 folios de fundamento jurídico para ordenar el ingreso en prisión -eludible con fianza- de un encausado. Pero no es menos cierto que, más livianos sus textos, la mayoría de ellos han adoptado idénticas medidas cautelares contra querellados por los fiscales anticorrupción.