El ex gerente de la Empresa Funeraria declara mañana ante el juez

En concreto, Collado, asistido por el letrado José Ignacio Herrero y quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros por este procedimiento, es el principal encausado en este caso por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscilaría entre los 14 y los 16 años.

Y es que la investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo abierto por de los viajes privados que realizaron Collado y la ex presidenta de la Funeraria, Marina Sans, que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública por una cantidad superior a los 7.000 euros. De hecho, Sans, ingresó en la cuenta de la funeraria un total de 6.833,93 euros correspondientes a nueve facturas de viajes privados realizados por sus familiares en la pasada legislatura y que habían sido sufragados por la empresa pública.

Así, la operación fue abierta el 11 de junio de 2009, cuando fue detenido Collado, y dos días después el magistrado dictó contra el imputado prisión preventiva sin fianza. Sin embargo, el 25 de ese mismo mes el juez decretó una caución de 100.000 euros a raíz del recurso que presentó el abogado que entonces le defendía, Jaime Rodríguez, para solicitar la libertad de su patrocinado al alegar que era «mínimo» el riesgo de fuga de Collado, quien finalmente salió de la cárcel el 29 de junio tras constituir la fianza.

Mientras tanto, también se encuentran imputados en este procedimiento Sans, por un presunto delito de malversación de fondos públicos; el constructor Juan Perelló, quien supuestamente realizó obras para la funeraria y se le atribuye haber proporcionado facturas falsas a Collado, y Ataúlfo del Hoyo, ex asesor jurídico de la empresa municipal a quien se le implica en parte de las irregularidades detectadas.

El caso funeraria investiga de este modo las supuestas irregularidades cometidas por el ex gerente mediante la sustracción de dinero de entidad y el cobro de comisiones en la compraventa de tumbas y ataúdes. La investigación comenzó después de que el Ayuntamiento de Palma detectara una serie de supuestas facturas y contratos irregulares en la Funeraria Municipal de Palma que fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que suponían indicios de irregularidad.