El lado altruista del oficio

Más de 700 abogados colegiados en Balears forman parte voluntariamente del servicio de asistencia jurídica gratuita, puesto a disposición de los ciudadanos que por motivos de índole personal ó económica se hallan en situación de fragilidad y desigualdad a la hora de acceder a la justicia. En 2009 esos letrados atendieron, sólo en sus guardias de turno de oficio, a 16.473 personas en el ámbito penal, 6.425 en lo civil y 1.580 menores. Lo paradójico del caso es que el Ministerio de Justicia, que les paga 114 euros por jornada de trabajo y a veces difiere ese pago durante muchos meses, estudia privatizar el actual modelo carente de lucro en favor de «empresas de servicios jurídicos».
El Colegio de Abogados de Balears tiene diferentes servicios de asistencia jurídica sin coste para los justiciables, de manera que personas sin recursos económicos, víctimas de la violencia doméstica, mayores, inmigrantes, discapacitados o individuos privados de libertad, tienen garantizada la asistencia jurídica.
Problema crónico
Los abogados de oficio son la piedra angular de este servicio. La edad media de los letrados que se adscriben voluntariamente es de 41 años, con más de 13 de ejercicio profesional y una formación específica en cursos homologados que, hasta el día de hoy, corren a cargo de sus colegios profesionales.
Pero un paso más allá de la formulación teórica de la justicia gratuita existen los problemas y el carácter crónico de los mismos. «La realidad de los hechos es que resulta imposible prestar un servicio correcto -señala Carlos López, uno de los coordinadores en Balears-, dado el gran número y la dispersión de los centros de detención policial en el archipiélago. Si un profesional se desplaza a uno de ellos en Mallorca ó Eivissa, lo normal es que ocupe medio día en las gestiones y no pueda ocuparse de otra asistencia en ese periodo».
Los coordinadores del turno de oficio en Balears reclamaron hace tiempo la incorporación de al menos otros ocho letrados para evitar esas situaciones, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. Así, el Ministerio de Justicia asigna anualmente a cada una de las demarcaciones judiciales un presupuesto de referencia conforme al cual habrán de ser abonados los gastos de asistencia y de procedimiento ordinario para los abogados inscritos.
Curiosamente las autoridades políticas, estatales y autonómicas, no mencionan públicamente su cálculo sobre gastos derivados de la asistencia gratuita cuando se habla de transferir competencias en materia de Justicia. Las que en algún momento habrán de ser asumidas por el Govern, que cuenta incluso con una dirección general para negociarlas pero que no establece fecha para culminar el proceso, no ha dado hasta el presente estimación alguna sobre actuales o futuros cálculos de este servicio.
Retrasos
Se sabe sin embargo que una parte de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestada por los «abogados de oficio», por ejemplo la que se refiere a la orientación jurídica a personas encarceladas, la de personas mayores y la de discapacitados, que han de ser abonadas por el departamento de Asuntos Sociales del Govern, llegan a ser satisfechas con más de dos años de demora.
«Los abogados que trabajamos voluntariamente en la defensa de los colectivos sociales vulnerables tenemos clara nuestra misión por muchos y notables que sean los problemas -indica Carlos López-, y seguiremos haciendo todo posible por una función social de la que estamos convencidos... al menos hasta que nos lo permitan. Y si alguien cambia las reglas, evidentemente será responsable de los resultados».
Mientras tanto, siguen repartiéndose los folletos institucionales que hablan de una atención «integral, personalizada y gratuita» para víctimas de delitos que carecen de recursos económicos.