Buils y Oliver volverán a declarar el 10 de junio

En concreto, las comparecencias de Buils y Oliver, tal y como consta en la providencia, están previstas para el 10 de junio, día en que también está citado como encausado el gerente del Istituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y concejal de Alaró, Antoni Rebassa, quien al igual que los anteriores imputados depondrá por segunda vez ante la magistrada.

Mientras tanto, otro de los encausados que han sido llamados a declarar es el ex concejal de UM en Sóller, Antonio Arbona, en su caso el 9 de junio. Por su parte, el resto de personas citadas dentro de este procedimiento son María Dolores, Javier y Enrique Ordóñez Martínez así como Tayme Buttler (19 de mayo), Pedro Maximiliano Orfila, Eva Martínez, Betina Giner y Giovanni Colucci (20 de mayo) y finalmente Victoria Quijano (9 de junio).

Fue el pasado 14 de abril cuando la jueza acordó levantar el secreto de sumario de la causa, por la que han sido detenidas una veintena de personas, entre ellas Buils y Oliver, además del también ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, el ex director general de Planificación Turística, Joan Sastre, el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y varios empresarios vinculados a la formación 'uemita'.

Libertad bajo fianza para nueve arrestados

Además, nueve de los arrestados se encuentran en libertad bajo fianza. Cinco de ellos, Nadal, Flaquer, Sastre, Oliver y el contable de UM Alvaro Llompart eludieron ingresar en prisión tras depositar cauciones de entre 75.000 y 100.000 euros que el juez les impuso el pasado 6 de febrero, mientras que en la segunda fase de la operación, Buils, el empresario Jacinto Farrús y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, tuvieron que constituir 100.000 euros de fianza el pasado 19 de marzo.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial, Margarita Munar, en la que puso de manifiesto que esta empresa se presentó a un concurso sobre 'benchmarking', por un importe de 360.000 euros, al que se presentaron un total de 13 licitantes, y aseveró que el concurso fue «manipulado» ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting -vinculada al empresario de la comunicación Jacinto Farrús-.

En concreto, las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.