Así lo manifestó Alemany en una carta enviada a Europa Press, en la que desmiente el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, al afirmar que «no es cierto que, a raíz del concurso de ayudas a la prensa convocado por el Govern de Matas en 2006, la Agencia Balear de Noticias hubiera percibido la cantidad de 449.734 euros, ya que fueron 270.000, tal como consta en el Sumario y como le consta al propio magistrado a raíz de la certificación que, de oficio, solicitó de expertos de delincuencia económica donde se acredita la citada cantidad».
El periodista hizo estas manifestaciones un día antes de que dos sobrinos suyos Miguel Mateo Oliver y Lucía Oliver declaren mañana en calidad de imputados ante el juez Castro, quien les interrogará en torno a la subvención de 449.734 euros que percibió en 2006 por parte del Govern la Agencia Balear de Noticias, «plenamente identificada» con Alemany, también encausado dentro de este procedimiento judicial.
Niega haber facturado 28.789 euros
Precisamente, a raíz de esta información publicada durante el día de hoy, Alemany quiso puntualizar una serie de aspectos del auto judicial, afirmando que «no es cierto» que facturara como proveedor a nivel particular 28.789 euros entre 2006 y 2007.
Así, el magistrado resalta en su resolución que en 2006 la citada agencia de noticias recibió 449.734 euros de subvención, presentándose en nombre de la misma Miguel Oliver, «siendo significativo que en las relaciones de proveedores que acompañan a las justificaciones aparezca Antonio Alemany como proveedor a nivel particular, facturando 28.789 euros entre 2006 y 2007, lo que también hacen aunque en cantidades inferiores» Miguel y Lucía Oliver.
En la mencionada misiva, Alemany señala que al margen de que la investigación se refiere única y exclusivamente al ejercicio del año 2006, que es el que corresponde a la subvención, él «no facturó como como proveedor a título particular», sino como director general de ABN, tal como le consta a juez Castro y como consta en las facturas mensuales emitidas por importe de 2.404 euros, la misma retribución mensual que obtiene el director de ABN.
Además, añade que «tampoco es cierto» que Miguel y Lucía Oliver Gomila obtuvieran cantidades inferiores como proveedores a nivel particular. En este sentido, detalla que Miguel Oliver fue «administrador único durante casi cuatro años de ABN y todos los emolumentos que obtuvo se materializaron en tres facturas de 480,81 euros en cuatro años, mientras que Lucía Oliver y durante unos doce meses aproximadamente de trabajo presencial en ABN, obtuvo unos emolumentos de 480 euros, 81 euros al mes en 2006 y 412 mensuales en 2007.
Por otro lado, indica que, a efectos de ponderar estos niveles retributivos, «hay que advertir que las retribuciones medias de los redactores por sus trabajos eran, mensualmente, de 1.502 euros».
Finalmente, Alemany asevera que «tampoco son ciertas» las afirmaciones del auto del juez Castro, en las que asegura que cada mes, Nimbus cobró 4.000 euros por sus presuntos trabajos de asesoramiento y comunicación al Govern de Jaume Matas, cantidad que, según el magistrado, coincide con la que percibía Alemany de la agencia publicitaria a través de su empresa.
3.760 euros mensuales por asesorar a Matas
De este modo, Alemany precisa que «no percibía como retribución de su asesoría al presidente de la Comunidad Autónoma la cantidad de 4.000 euros, sino, exactamente, la de 3.760 euros mensuales». Asimismo, agrega que «por lo que se ha sabido a través del sumario, tampoco es cierto que la factura que emitía Nimbus al Govern como adjudicataria del concurso de asesoría, coincidiera con la que le presentaba Consultores de Información a Nimbus por el encargo de asesorar al Govern, sino que era de superior cuantía».
Por otra parte, recalca que «por activa y por pasiva, han quedado acreditados, en forma que no ofrece el menor resquicio a la duda, los trabajos profesionales de Consultores de Información de Baleares por los cuales fue retribuida».
Alemany se encuentra imputado en una pieza separada del caso Palma Arena por una presunta financiación irregular del PP, y en este sentido las investigaciones giran en torno a su contratación por parte de Matas a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Govern tramitó por vía de urgencia a principios del pasado mandato un concurso público para un proyecto de asesoramiento, y la única empresa que se presentó al concurso fue Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por presuntamente mediar en una financiación irregular del PP.
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