Los sindicatos y el Gobierno manifestaron hoy una total disparidad de criterios a la hora de calcular el número de funcionarios que han seguido la huelga de este martes, y ese diferente modo de medirlo es lo que explica las cifras tan dispares que han proporcionado ambos.
Fuentes de CCOO confirmaron a Efe que han puesto en marcha un dispositivo con los responsables de Comunicación del sindicato en todas las comunidades autónomas para que escogieran aleatoriamente cinco centros de trabajo e hicieran el seguimiento.
«Hemos pedido que en cada empresa o administración (sitios convocados a la huelga) informen sobre trabajadores, servicios mínimos y seguimiento», señalaron las mismas fuentes.
CCOO «duda» de que la Administración tenga ahora «un dato fiable» y asegura que «no es de recibo» que sólo diga que el seguimiento ha sido del 11%, como tampoco lo sería si hubiese dicho que la participación alcanza el 90%, añadieron.
Desde UGT -sindicato mayoritario en la función pública-, su secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos, Rafael Espartero, aseguró a Efe que su organización trata de hacer el conteo de la forma más individual posible, centro por centro.
Espartero admitió que es muy difícil contabilizar un paro al que están convocados unos 25.000 centros de trabajo en todo el país, si bien aseguró que los delegados sindicales de UGT se encargan de contar «mesa por mesa o individualmente» las personas que han ido a trabajar.
El dirigente de UGT restó credibilidad a los datos aportados por el Gobierno porque, según aseguró, las asistencias de los trabajadores nunca se firman, que es como asegura el Ejecutivo que está contabilizando la participación en la huelga de hoy.
Por su parte, el secretario nacional de formación del CSI-CSIF, Miguel Borra, explicó a Efe que el método que emplea su organización para cifrar el seguimiento de la huelga es que cada uno de sus delegados sindicales pregunta a los directores de sus respectivos centros de trabajo cuántas personas han secundado la movilización.
Una vez que tienen esos datos, los delegados los pasan a los responsables autonómicos del sindicato quienes, a su vez, los envían a la dirección nacional del CSI-CSIF, que los reúne todos y los computa teniendo en cuenta el peso específico de cada departamento y territorio.
Por otra parte, Borra afirmó que su organización no contabiliza, ni en un sentido ni en otro, al personal que cubre los servicios mínimos ya que, a su juicio, se trata de trabajadores a los que la empresa «obliga» a acudir a su puesto de trabajo y a los que se les ha «quitado» el derecho a la huelga.
Además, señaló que mientras el CSI-CSIF obtiene el balance de cada una de las actividades que tienen transferidas las comunidades autónomas, la secretaria de Estado saca sus datos de las delegaciones del Gobierno las cuáles, según él, «no tienen contacto directo» con las comunidades en la mitad de las casos.
Por todo ello, Borra aseguró que sus cifras son mucho más «amplias» y «fiables» que los de la secretaria de Estado.
Según explicó hoy la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, el Gobierno está supervisando la participación a través de controles de presencia con la firma de los trabajadores que entran en cada turno de cada centro de trabajo.
Estos controles se remiten por el área de Recursos Humanos, a través de Ministerios y delegaciones de Gobierno, a su Departamento donde se ha centralizado el seguimiento.
Rumí destacó hoy que el cálculo no incluye a aquellos empleados que están atendiendo los servicios mínimos, un criterio -dijo- que es la primera vez que se ha tenido en cuenta.
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Diferentes formas de medir ... o más bien de mentir?