Jaume Matas, en una imagen de archivo. | Efe

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La defensa del ex presidente del Govern Jaume Matas, ejercida por el abogado Rafael Perera, solicitó ayer a los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que se pronuncien a favor de la retirada de la fianza carcelaria de 3 millones de euros impuesta a su cliente por el juez instructor del 'caso Palma Arena', José Castro.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, representada por Pedro Horrach, se opuso de manera rotunda a esa petición en el transcurso de la vista celebrada ayer aduciendo de que la caución es «ajustada al patrimonio de Matas», ya que «sólo necesitó tres días para reunir ese dinero», y que además, sigue existiendo «riesgo de fuga».
A la salida de la vista, Perera explicó a los medios de comunicación que «no existe en realidad ese riesgo de fuga para acordar la prisión provisional, puesto que el señor Matas es el primer interesado en comparecer ante la Justicia y en poder aclarar todas las imputaciones que se le hagan».
Arraigo
El letrado añadió que el ex presidente del Govern, «tiene arraigo y propiedades» en España y ha expresado su convencimiento de que «(a Matas) se le ocurra en ningún momento, ni pase por su mente, en modo alguno, ni siquiera en su pensamiento, fugarse y eludir la acción de la Justicia, porque sería una torpeza impensable e imperdonable».
Asimismo, y con respecto a la fianza de 3 millones de euros para eludir la prisión, Perera ha manifestado que es «desproporcionada en relación con las circunstancias del caso».
A lo largo de la vista celebrada en la Audiencia, en la que también estuvo presente la abogada de la Comunitat Autònoma, María Àngeles Berrocal, el abogado de Matas insistió en que el ex presidente ha demostrado «ser el primer interesado en comparecer y aclarar sus imputaciones ante la Justicia». El juez Castro se opuso de manera rotunda a la petición de la defensa de Matas de rebajar la fianza carcelaria, por ello, Rafael Perera ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma, que próximanente también debe decidir sobre la retirada del sumario de las escuchas telefónicas grabadas a Matas.