Carmen Sampol declaró ante la policía el 15 de abril de este año por este caso de supuesta corrupción, en el que se investiga el supuesto desvío de fondos en la adjudicación de obras públicas por parte del gobierno autonómico del PP en la pasada legislatura, principalmente del nuevo parque de bomberos de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salud.
Esta última obra la adjudicó la empresa pública Caib Patrimoni en febrero de 2007 a Sampol Ingeniería y Obras, que formaba parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida entre Brues (un 20%) y Sampol (80%).
Sin embargo, la firma del contrato, aseguró la consejera delegada de la empresa en su declaración incluida en el sumario de la causa, no se produjo hasta nueve meses después, un tiempo durante el cual afirmó que el Govern, mediante Caib Patrimoni, le dio «largas».
De hecho, Sampol indicó a la policía que en su momento pensó que «no tenían interés en la firma», puesto que en el caso del concurso para el parque de bomberos -supuestamente amañado- se firmó el contrato de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones.
Honorarios
La UTE concesionaria tuvo que pagar a la sociedad Atlas Capital -representada en Baleares por Jaime Fluxá, de Unió Mallorquina- un 1,8 por ciento del coste global de la obra en concepto de «honorarios de éxito», cantidad que Sampol calificó de «salvajada», especialmente por el concepto que se facturaba.
Sampol llamó entonces la atención sobre el hecho de que la cantidad que se exigía -161.000 euros- era «inusual», teniendo además en cuenta que el pago no se hacía a la Administración (por medio de Caib Patrimoni), sino directamente a una empresa privada.
Además, resaltó que en los meses en que se demoró la firma del contrato «fueron constantes los tiras y aflojas» sobre la cantidad a la que había que aplicar el 1,8 por ciento y que finalmente Sampol pagó 123.000 euros, y no los 161.000 euros reclamados.
Por la obra de la Conselleria y del parque de bomberos, Caib Patrimoni, empresa de la que eran responsables los principales imputados en el «caso Bomsai», pagó a la consultora Atlas Capital 609.000 euros, la mayoría en concepto de «honorarios de éxito», por un trabajo técnico innecesario y con un coste «desproporcionado», según figura en el sumario del caso.
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