La trágica desaparición del doctor Miquel Dalmau no cambia el intrincado camino judicial que trata de dilucidar los perjuicios ocasionados por una presunta doble contabilidad en la Policlínica Miramar por parte de sus antiguos accionistas mayoritarios. Desaparece con su muerte la responsabilidad penal y el embargo de sus bienes en esa vía jurídica, pero persisten las de sus colegas Cristóbal Pizà y Pau Ramis, para quienes sus acusadores acaban de reclamar la apertura de juicio con la tesis de que deben a la sociedad matriz del hospital (Ameba S.A.) una cantidad -indeterminada hasta el momento- pero evaluada por los demandantes particulares en varios millones de euros.
Las actuaciones abiertas en el juzgado de Instrucción 10 de Palma en 2006 a instancias de personas ligadas a la Miramar como empleados y como accionistas minoritarios de la sociedad matriz del centro sanitario, han supuesto uno de los sumarios más complejos de la década para establecer si existieron delitos societarios, de apropiación indebida y de falsedad documental.
Contabilidades
Los frentes penales -pero también civiles y mercantiles- abiertos desde entonces, intentan esclarecer si hubo perjuicios ocasionados por una presunta doble contabilidad en el centro sanitario mallorquín.
Los informes de expertos contratados por los demandantes habrían constatado la existencia de distintas y reiteradas anomalías contables y fiscales en la gestión de la Miramar durante años. El afloramiento de estas supuestas irregularidades provocó, además de la denuncia de quienes se sintieron perjudicados, un cruce de querellas judiciales entre Dalmau, Pizà y Ramis. Los dos primeros vendieron posteriormente sus acciones a un nuevo propietario que se hizo cargo de la entidad, mientras el tercero mantiene su presencia societaria.
En las comparecencias judiciales de los querellantes y de las acusaciones particulares hay coincidencia al señalar que en 2001 Ramis, Dalmau y Pizá «se adjudicaron fraudulentamente» 15 de las 44 especialidades médicas de la Policlínica, que en su consideración suponen el 80% de los ingresos del hospital por honorarios profesionales de especialidades no quirúrgicas y del total de la facturación por pruebas diagnósticas, y que los beneficios de esos servicios y técnicas «iban directamente a las arcas personales de los querellados».
Hasta el día de su muerte, Miquel Dalmau tenía embargados bienes por valor superior a 3 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad derivada de su encausamiento penal. Ahora esa fianza ha desaparecido, y quienes quisieran reclamarla -a sus herederos- habrían de acudir a los tribunales de lo Civil.
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