CASO IBATUR. REGISTRO POLICIAL DE LA SEDE ESPIRAL EN PALMA

CASO IBATUR. REGISTRO POLICIAL DE LA SEDE ESPIRAL EN PALMA | Pere Bota

Víctor MalagónPalma16/07/10 0:00
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Además del Ibatur, otros organismos del Govern contrataron con las empresas que se investigan en la 'operación Pasarela'. Así, los fiscales Juan Carrau y Miguel Àngel Subirán y el juez Jose Ignacio Lope Sola interrogaron a los detenidos esta semana por encargos que recibieron de las consellerias de Presidencia y de Inmigración.

La primera facturó unos 7.000 euros mensuales con la empresa audiovisual Espiral para realizar un seguimiento y grabación de los distintos actos en los que intervenía en la entonces vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás. La misma empresa volvió a realizar estos mismos vídeos de Estarás durante la campaña electoral, en la que la ahora eurodiputada encabezaba la lista del Partido Popular al Consell Insular.

Otros de los contratos que se analizan corresponde a una serie de documentales que encargó la Conselleria de Emigración, que facturó cerca de 500.000 euros con la empresa. Los investigadores creen que las empresas pudieron hinchar contratos al Ibatur y al Govern, de forma que cobraron más de lo que costaba en realidad el trabajo realizado. También se cree que algunas de las empresas directamente pasaron facturas falsas para justificar trabajos que nunca se llegaron a realizar. De hecho, en la primera fase de la 'operación Pasarela', celebrada hace dos semanas, uno de los empresarios detenidos confesó a los investigadores que vendió a otra empresa facturas falsas que luego terminaron justificando trabajos ante el Ibatur. Algunas de las empresas también facturaron con Ibatur tras el cambio de gobierno. De hecho, los detenidos esta semana fueron interrogados por trabajos realizados en 2008.

Detenidos

En el 'caso Ibatur', por el momento han sido detenidas catorce personas. De ellas, seis han pasado a disposición judicial. Junto a las medidas cautelares impuestas ayer, el magistrado Lope Sola que instruye la causa ha decretado también prisión eludible bajo el pago de fianza contra los ex gerentes de Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía y contra el ex secretario Miguel Àngel Bonet.

La fase de la operación desarrollada esta semana se ha centrado en un grupo de empresas de comunicación, cuyas sedes se registraron el martes en Palma, Sóller y Marratxí. Éstas mismas firmas colaboraron más tarde con la campaña electoral del Partido Popular del 2007.