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La defensa del ex presidente del Govern Jaume Matas ha interpuesto un recurso al auto mediante el que el juez José Castro ha acordado dividir el caso Palma Arena en 24 piezas, y solicita que el magistrado especifique en su resolución las personas que se encuentran imputadas en cada una de ellas, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

De este modo, mediante este recurso, presentado días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 emitiera su auto -el 28 de junio-, la defensa, ejercida por el letrado Rafael Perera, pide que se complete la resolución con la concreción de los presuntos implicados en los distintos flecos en los que ha sido fraccionada esta compleja causa. El magistrado decidirá en próximos días sobre la solicitud de la defensa.

El magistrado acordó separar el procedimiento debido a su complejidad y al volumen del sumario, de modo que ello permitirá agilizar la instrucción del caso y puedan ir juzgándose cada una de las piezas conforme finalicen sus pesquisas sin tener que esperar a que termine la instrucción del resto.

De este modo, seguirá adelante la instrucción de las dos piezas que ya existían sobre la asesoría prestada a Matas por el periodista Antonio Alemany a través de la agencia Nimbus, investigada en este caso, y sobre las contrataciones presuntamente irregulares a través de IB3 y los supuestos sobornos que habría cobrado el ex presidente.

Mientras tanto, se han incorporado las investigaciones sobre el proyecto de construcción del Palacio de la Opera que se proyectó en Palma por ser una posible reproducción de otro anterior edificado en 1989 en Suiza; los gastos electorales ocultados de forma presuntamente intencionada durante la campaña electoral de 2007 y la asunción por parte del Govern de algunas de las facturas; y la contratación de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales.

Otras de las piezas indagarán la supuesta contratación de la mujer de Matas, Maite Areal, por Martorell Asociados y Hotel Valparaíso; la construcción del chalet del ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; la contratación del arquitecto inicial Ralph Schürmann; la de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz; el patrocinio del Mundial de Ciclismo de 2007 por parte del Ibatur; y el fraccionamiento de contratos para posibilitar la adjudicación directa, entre otras investigaciones.

A nivel general, las diligencias se centran en el presunto desvío de fondos que se produjo durante la construcción del velódromo Palma Arena (2005-2007), cuyo presupuesto inicial de 48 millones de euros se disparó hasta los 110, y su posible conexión con el enriquecimiento presuntamente ilícito del ex presidente del Govern, que se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros.

En concreto, sobre el ex ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral.