Vertedero ilegal

Vertedero ilegal en el camino de La Ermita junto al Camí del Reis. | Terry

Alicia MateosMallorca31/07/10 0:00
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El tratamiento de escombros de la construcción ha descendido un 46,16 por ciento en Mallorca entre 2007 y 2010. Así, en la planta de Mac Insular entraron en 2007 (año del 'boom' de la construcción) 567.145,50 toneladas de escombros, mientras que la previsión para este año es que lo hagan 305.667,44 toneladas. Esta cantidad es ligeramente inferior a la registrada en 2009, que fue exactamente de 346.913,02 toneladas. El gerente de Mac Insular, Manuel Garbayo, explica que la crisis del sector de la construcción es uno de los principales factores por los que ha descendido el tratamiento de escombros, aunque puntualiza que también lo son los vertederos ilegales. En este sentido, destaca que el Plan Director de Residuos del Consell de Mallorca prevé que cada año entren en Mac Insular 1.145.594 toneladas y esta cantidad no se ha alcanzado nunca, ni en los años de máxima actividad del sector de la construcción. Así, en el 2007 se trataron la mitad de los escombros previstos por el Plan Director de Residuos; este año sólo entrarán en Mac Insular un 26,6 por ciento de los residuos procedentes de la construcción estimados.

Garbayo destaca que las zonas más alejadas de Palma son en las que se producen más vertidos ilegales. De este modo, la planta de Santa Margalida es en la que entran menos escombros; el año pasado se trataron un 5,48 por ciento de los previstos (ver gráfico).

El gerente de Mac Insular critica que los vertidos ilegales suponen una competencia desleal para las empresas, ya que al tratase menos toneladas de las previstas se encarece el tratamiento. Los constructores tienen la obligación de tratar correctamente los escombros, pero cuando no lo hacen no siempre son sancionados. «Hay un maremagnun de competencias», aseveró. En principio, los residuos son competencia de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, pero también tienen competencias los ayuntamientos. «El Consell de Mallorca debería ser capaz de dotarse de un régimen sancionador o hacer que se cumpla el actual. Esta dispersión de competencias hace que en la práctica la efectividad de las medidas sea muy limitada», argumentó Garbayo.