La Audiencia rechaza dejar libre a Alía al estar involucrado en más actuaciones secretas

La Audiencia de Palma ha rechazado el recurso de apelación presentado por José Ignacio Herrero, abogado de Juan Carlos Alía, en contra del auto del juez instructor de la 'operación Pasarela', Juan Ignacio Lope Sola, dictado el pasado 17 de julio y en el que decretó prisión sin fianza para el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).
Los magistrados de la Sección Segunda llegaron a la conclusión en el auto que Alía «debe seguir en prisión al existir una parte de las actuaciones declarada secreta», según «nos ha informado el Ministerio Fiscal (represenmtado por Adrián Salazar), y en el que aparece también involucrado el señor Alía Pino», precisan.
Y añaden: «Estamos pues, ante imputaciones serias y de indudable gravedad, lo que, a pesar del arraigo alegado, no desvirtúa el riesgo de fuga».
Interferencia
El auto que rechaza la excarcelación solicitada por la defensa de Alía, señala que, además, «está constatado el peligro de que (Alía) interfiera en la investigación porque tanto Bartolomé Morey (gerente de Comunicación Creativa) como Juan Carlos Alía reconocieron que, tras ser puesto éste en libertad, le indicó que tenía que explicar sobre las comisiones; ambos reconocen la reunión aunque no su contenido, y la explicación que sobre ella ofrece la parte recurrente puede ser ingeniosa pero no resulta convincente».
Alía está imputado por los delitos continuado de malversación de caudales públicos, continuado de prevaricación administrativa, continuado de defraudación a la administración, continuado de falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.
La Audiencia recuerda en el auto que sólo por tres de ellos (cohecho, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales) puede ser condenado a 15 años de cárcel, circunstancia que «agrava los elementos de incriminación e imputación contra el denunciado».
Argumentación
El tribunal explica que «ha constatado la endeblez de la argumentación desplegada en el recurso», y remarca que «el señor Alía a pesar de cesar como gerente del Ibatur a raíz del conocido 'caso Rasputín', seguía teniendo influencia, una vez cesado, en la contratación que llevaba a cabo el Ibatur». La principal imputación contra Alía es que cobraba el 15% de comisión pr los contratos que adjudicaba.