Estas asociaciones denuncian no haber recibido la notificación del permiso de instalación, ni la respuesta a las alegaciones presentadas, y recuerdan que el artículo 86.3 de la Ley de procedimiento administrativo establece que «quien presente alegaciones tiene derecho a obtener de la administración una respuesta razonada».
La patronal del juego asegura que el permiso de instalación del Casino en Porto Pí «se ha concedido en contra de los informes técnicos municipales». Ante ello, las asociaciones advierten que cuando reciban respuesta a sus alegaciones presentarán un recurso judicial contra dicho permiso que consideran «ilegal».
Desde Sareiba señalan que la alcaldesa, Aina Calvo, en una reunión celebrada en el mes de marzo con Pimem, manifestó que no se tomaría ninguna actuación sobre la instalación del Casino en Palma hasta oír el Consejo Social del Ayuntamiento y con todos los informes favorables de los técnicos municipales.
Por ello, Sereiba denuncia que no se ha convocado al Consejo y añade que en el expediente que se puso a disposición de la ciudadanía había tres informes, redactados con fecha 6 y 16 de abril de 2010 y 4 de mayo de 2010, desfavorables al permiso de instalación exclusivamente por incumplir los usos previstos en la normativa municipal.
Por tanto, opinan que la alcaldesa ha incumplido su palabra de hacer participe a la ciudadanía del impacto y las consecuencias que comportaría la instalación del Casino en el Centro Comercial de Porto Pí.
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