Las principales marcas y multinacionales comerciales analizan proyectos de apertura en el archipiélago balear a rebufo de la modificación de la Ley de Comercio, que suprime la necesidad de solicitar licencia autonómica para la instalación de establecimientos de menos de 700 metros de superficie dentro del entramado urbano de los municipios de Mallorca, no así en el caso de hipermercados a los que se mantienen las restricciones, según informan fuentes cercanas al Ejecutivo balear y del sector empresarial de las Islas.
Empresas como Carrefour; Alcampo y las marcas Decathlon o Leroy Merlin; el Grupo El Corte Inglés; Media Markt; o las enseñas del grupo gallego Inditex, caso de Zara, tienen proyectos concretos o están estudiando alternativas para penetrar o incrementar su presencia en el archipiélago, una comunidad en la que el gran comercio considera que existe potencial de crecimiento debido a sus ratios de población y niveles de renta.
La situación de crisis económica y las dificultades de financiación han podido ralentizar algunos de estos proyectos, aunque existen operaciones que ya se han concretado y que están pendientes de apertura, caso de la tienda Opencor (Grupo El Corte Inglés) en la calle Menorca de Palma o el proyecto de construcción de un supermercado Supercor en la rotonda de Son Moix, en el camino de La Vileta, entre otras iniciativas.
Cambios legislativos
Cabe recordar que el Govern modificó recientemente la normativa comercial balear obligado ante la necesidad de aplicar la directiva de la Unión Europea de Servicios, más conocida como directiva Bolkestein, cuyo objetivo consistía en liberalizar la instalación de empresas de servicios en todos los estados de la Unión Europea.
En el caso de la normativa Balear, modificada en diciembre del año pasado, el Govern calificó como grandes establecimientos comerciales a todas las tiendas que superen los 700 metros de superficie de exposición y venta en la isla de Mallorca, de 400 en Menorca y Eivissa y 200 en Formentera.
La ley anterior, impulsada por el ex conseller del 'Pacte de Progrés' Pere Sampol tipificaba a los grandes establecimientos comerciales en función de criterios económicos de las empresas explotadoras, una fórmula expresamente prohibida por la directiva de la UE.
La licencia autonómica o segunda licencia se mantuvo y será la Conselleria de Comerç el órgano encargado concederla o denegarla.
Al cambiarse la calificación de los grandes establecimientos comerciales por cuestiones de superficie y no económicas, los grandes grupos comerciales tienen la posibilidad de instalarse libremente en los entramados urbanos de las Islas sin necesidad de licencia autonómica.
La nueva normativa autonómico establece en este sentido que los grandes establecimientos comerciales sólo podrán instalarse en suelo urbano consolidado y en ningún caso en suelo rústico. El Govern ha argumentado cuestiones de interés medioambiental y de ordenación territorial para establecer estas restricciones, que son las únicas permitidas por la directiva europea de servicios.
La entrada en vigor de la nueva Ley de Comercio supuso al mismo tiempo el levantamiento de la moratoria de grandes establecimientos comerciales aprobada en la pasada legislatura por el ex conseller de Comerç del Partido Popular, Josep Juan Cardona.
Por último, también cabe recordar existe un cambio en la regulación comercial autonómica en cuanto a los horarios, que establece que los comercios con una superficie inferior a 300 metros cuadrados tendrán libertad de horarios.
5 comentarios
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pz la berdad es la crisis,q hay en el estado, y pues muchos le asen como ganar y puedan sobrevivir si no hay estudio no hay dinero.
Y todas estas cadenas , tipo lidl, mercadona, que no quieren casi ningun producto mallorquin, todo se va hacia fuera, y aqui los politicos, ni se enteran, tampoco les preocupa mucho
Como es de sobras conocido por la experiencia acumulada durante los últimos años, décadas, diría yo, la implantación de este tipo de superficies no es mas que la degradación progresiva de nuestro tejido comercial autonómico, pues, si bien se puede ajustar a derecho, los beneficios obtenidos no repercuten jamas en nuestra comunidad y no solo eso, sino que la creación de empleo siempre es mas precaria y de menor calidad a la ya existente, por tanto, es solo una forma de extraer nuestros recursos propios para el beneficio de terceros ajenos a nuestra propia idiosincracia.
Para todos los ciudadanos es favorable la entrada de nuevos centros comerciales y de ocio, porque cuanta más competencia haya, más posibilidades de encontrar mejores precios tendremos. Siempre que se controlen los posibles pactos de precios. Otra cosa opinaran los pequeños comercios, pero hasta hoy siguen abiertos y hay sitio para todos. Además se crearía empleo, con lo que soy completamente favorable a la apertura de estos centros.
Basta já de grands superficies