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El PP balear recurrirá el auto dictado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el que exige a la formación formular una querella y pagar 6.000 euros de fianza si desea personarse como acusación popular en la causa, al considerar que se trata de unos requisitos «innecesarios» para poder ser parte activa en este procedimiento, lo que solicitó el partido después de que la Audiencia Provincial de Palma rechazara su personación como acusación particular en calidad de «ofendido».

Así lo ha avanzado, en declaraciones a Europa Press, el asesor jurídico del PP y fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, quien ha señalado que, dentro del plazo fijado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 para combatir la resolución -hasta el próximo lunes-, interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en contra de los condicionantes fijados por el juez.

En el recurso, el asistente legal de la formación en las islas expondrá como ejemplo la personación del PP como acusación popular, sin previa fianza ni querella, en el caso que investiga el accidente ferroviario que se produjo el pasado 19 de mayo en las proximidades de la estación de Sineu como consecuencia del derrumbe de una parte del muro de contención, que cayó sobre vía y que provocó el descarrilamiento del tren.

Asimismo, hace referencia a la caución que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso a los 'populares' en el caso Gürtel, de 1.500 euros, cantidad máxima que Gordillo confiaba que se le estableciera al PP en el caso Palma Arena. Es más, el ex fiscal de la Audiencia Nacional se amparará en las doctrinas y pronunciamientos de distintos órganos judiciales en este sentido, y defenderá que los requisitos establecidos por Castro «van en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras», tal y como ha adelantado.

En su resolución, el magistrado deniega la personación del PP en la pieza separada número 4, relacionada con la presunta financiación ilegal del PP, a la ocultación «intencionada» de gastos electorales en los comicios de 2007 y a la presunta asunción del Gobierno balear de varias facturas de su campaña, mientras que en los 24 flecos restantes condiciona la personación del partido a la prestación de la fianza y a la elaboración de una querella en la que determine contra qué personas dirigirán sus acusaciones y los delitos que considere que se han cometido.

Castro: «Puede defenderse pero no acusar de forma simultánea»

Castro asevera tajante que al PP «le asiste todo el derecho a defenderse pero no simultáneamente a acusar», y subraya que la acción popular que la formación pretende ejercitar «en modo alguno se adivina que esté subordinada a la ejercitada por el Ministerio Fiscal o la Comunidad Autónoma», personada como acusación particular. Asimismo, apunta que la personación que ahora solicita el partido «no deja de ser una consecuencia de la falta de éxito del intento de hacerlo en calidad de perjudicado».

Así las cosas, fija la interposición de una querella y una fianza que, recalca frente a la oposición del PP, «difícilmente puede calificarse de difícil, menos aún imposible y ni tan siquiera de excesiva cuantía en atención a los recursos de quien ha de prestarla». Finalmente, asevera que su personación «ha de servir para sostener un interés legítimo y personal».

El partido ya solicitó su personación como acusación particular alegando una «absoluta indefensión» en este procedimiento a tenor de las «graves acusaciones» que pesan sobre la formación en el marco de las investigaciones, entre ellas haber sido financiada de forma presuntamente irregular.

Tal y como recalcó entonces el propio Gordillo, el «ánimo» del partido es «colaborar» en las pesquisas, al aseverar que el partido «es uno de los primeros interesados en luchar contra la corrupción». «De hecho, cuando a sus militantes les ha afectado alguna imputación, se les ha dado de baja, algo que no hace ninguna otra formación», arguye.