El ex conseller Josep Juan Cardona. | Pere Bota

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La Fiscalía Anticorrupción pedirá penas que suman entre 15 y 20 años para cada uno de los principales imputados en el 'caso Scala', la supuesta trama urdida en el Consorci per el Desenvolupament Econòmic de Balears (CDEIB) en la pasada legislatura, entre ellos, el ex conseller de Comerç i Indústria Josep Juan Cardona, la ex gerente del CDEIB Antònia Ordinas y el ex director general de Promoció Indústrial Kurt Viaene.
El Ministerio Público ha incluido a dieciocho imputados en el escrito que dirigirá a la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, en el que solicita que la causa pase a procedimiento abreviado, trámite previo a la apertura de juicio oral, según han confirmado fuentes jurídicas.
Los delitos incluidos en ese escrito y de los que están acusados Cardona, Ordinas y Viaene son negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, fraude a la Administración y electoral, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación documental. Incluso, tendría cabida en el escrito otro delito, surgido tras las últimas investigaciones, pero que no quiso ser desvelado por las fuentes consultadas por este diario.
Sumario
El sumario del 'caso Scala' se encuentra en estos momentos en el juzgado, tras su paso por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), dada la condición de aforado que tenía Cardona. Al dimitir, la causa fue devuelta a la jueza Piedad Marín.
Además, de Cardona, Ordinas, su esposa Isabel Roselló, están imputados los empresarios Antonio Vicens, Carlos Guindós, Crescencia Molina, Joan Rosselló, Joan Company, Antonio Munar, Daniela F. Beaumont, Jaime Julio Fernández Abad, Jaume Gil, Juan Enrique Riera, Pedro Veny, Arnoldus Van den Hurk, Manuel Carmelo Sáez, S.J.P., Felipe Ferré, ex concejal del PP en Lloseta y sobrino político del ex presidente Jaume Matas, y también, José Manuel Alcaraz Escandell, presidente del PP de Formentera.
Muchos de los inculpados en el 'caso Scala' han tenido que constituir fianzas para evitar la cárcel. Sobre Josep Juan Cardona recayó una caución civil por importe de 2,9 millones, mientras que Antònia Ordinas y Kurt Viaene han avalado 100.00 euros cada uno para seguir en libertad. Estos dos últimos permanecieron varios meses en la cárcel de Palma antes de constituir las fianzas.
Contratos
Las investigaciones apuntan a que desde el CDEIB se adjudicaron contratos de forma directa sin obedecer a las normas del procedimiento, a sociedades -Comarca Global Consulting, Gourmet & Boutique Islands y Sayju- en las que Cardona, Viaene tenían participación.
Con ese 'modus operandi' los sospechosos habrían desviado miles de euros para su beneficio particular y a empresas proveedoras del CDEIB a cambio de comisiones. La causa empezó a ser investigada en 2008 y ya han prestado declaración todos los imputados, tanto ante la jueza Piedad Marín como ante el magistrado instructor del TSJB Antoni Capó tras la inhibición de Felisa Vidal, que desempeñó el cargo de responsable jurídica de la Comunitat Autònoma en la pasada legislatura.