El sector turístico balear habla de pérdidas millonarias por el conflicto de los controladores

Así lo ha informado la consellera de Turisme i Treball, Joana Barceló, tras mantener una reunión esta tarde con el sector turístico de Balears para evaluar las pérdidas ocasionadas por el caos aéreo desatado a las 17.30 horas del pasado viernes, 3 de diciembre.

Barceló ha puntualizado que no se trata de una cifra definitiva, por lo que son números «aproximados», ya que aún no hay una cuantificación económica de todas las pérdidas económicas en el sector turístico de Balears, si bien con cantidades «muy elevadas».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de las Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Sylvia Riera, ha informado de que este sector ha sufrido pérdidas que superan los 2 millones de euros, si bien ha precisado que aún falta por valorar los perjuicios económicos que han sufrido las grandes agencias y touroperadores.

En este sentido, ha advertido de que el cierre del espacio aéreo acarreará graves consecuencias en este sector, hasta el punto de que algunas agencias de viajes de las islas podrían verse obligadas a cerrar, al no poder soportar las cuantiosas pérdidas.

Así, ha dicho que muchas empresas tendrán que devolver el dinero que «no tienen» y, en esta línea, ha indicado que, a lo mejor, el Puente de la Constitución suponía los beneficios del año para pequeñas agencias de viajes, por lo que «vamos a luchar con uñas y dientes para que los clientes y empresarios salgan lo menos perjudicados posible».

Por otro lado, Barceló ha abogado por la «liberalización» de la formación de los controladores del acceso a esta profesión, algo que, a su juicio, sería una de las cosas «más fáciles y simples», debido a que «hay mucha gente dispuesta a trabajar en este momento y bien preparada».

Para la consellera de Turisme, ésta sería una de las medidas que se podrían adoptar para que «nunca más» vuelva a ocurrir el «secuestro de la libertad de movimiento» de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el transporte aéreo es un servicio público, que, a su juicio, no puede estar en manos de un colectivo que «no ha respetado las líneas establecidas de negociación laboral y colectiva».

En este sentido, ha subrayado que, en estos momentos, interesa que exista «confianza» en el transporte aéreo y, pese a que lo «ideal» sería que hubiera la más «rápida normalidad», ha señalado que si es «necesario», el Govern apoya la medida de prorrogar el estado de alarma hasta después de las Navidades, tal como apuesta el ministro de Fomento, José Blanco.

«Secuestro de la voluntad de los ciudadanos»

«Es fundamental preservar los derechos de los ciudadanos que viajarán en estas fiestas», ha recalcado Barceló, quien ha insistido en que se deben adoptar todos los mecanismos «necesarios» para garantizar que «no vuelva a ocurrir el secuestro de la voluntad de los ciudadanos».

Por otra parte, Barceló ha recordado que en el momento en el que la Fiscalía abra diligencias previas, el Govern se personará como acusación popular, mientras que cada uno de los diferentes colectivos económicos afectados «valorarán su personación».

En este sentido, la presidenta de Aviba ha confirmado que las agencias de viajes se adherirán a cualquier iniciativa judicial que se presente a nivel autonómico, al tiempo que ha apuntado que su sector está barajando la posibilidad de presentar una demanda a nivel nacional contra Aena con todas las agencias juntas con «una sola voz», al tiempo que éstas también se personarán a nivel autonómico e individual.

«Nos sumaremos a la fórmula que adopte la Conselleria de Turismo, pero por desgracia, creo que la alternativa va a ser que cada patronal presente sus demandas por su cuenta y, si hay oportunidad de unirnos a cualquier iniciativa colectiva de todas las patronales del sector turístico así lo haremos sin ninguna duda», ha resaltado Riera.

Con independencia de las medidas judiciales, la consellera de Turismo y Trabajo ha recordado que las empresas y los ciudadanos pueden presentar reclamaciones económicas frente a Aena, que, en definitiva, era la empresa encargada de «presionar» sobre los controladores y, por tanto, actúa como «subsidiaria» de garantía del transporte aéreo.

Finalmente, Barceló ha expresado su apoyo «en todo lo que sea necesario» a la Dirección General de Consumo para que lleve a cabo una «rápida» tramitación de las más de 1.000 reclamaciones que han presentado los ciudadanos de las islas.

Por su parte, Riera ha manifestado que lo importante no es contra quién se presenta una demanda judicial, sino que como país «nos vemos en la obligación de exigir al Gobierno a través de nuestras autoridades que esto no puede volver a pasar», porque, a su juicio, «no se puede estar en un monopolio de un colectivo que hunda todo un país y que dé una imagen de inseguridad en el exterior y en el interior».

«Necesitamos transmitir seguridad absoluta, para lo cual se debe aplicar la fórmula que sea como, por ejemplo, que la formación para trabajar en este sector esté abierta, de forma que haya la posibilidad de traer controladores extranjeros», ha concluido la presidenta de Aviba.