Cinco detenidos por un presunto fraude en la gestión de las basuras

La 'operación Cloaca', en la que el Juzgado de Instrucción 9 de Palma investiga, bajo secreto, desfases millonarios en las facturas por la recogida de residuos sólidos y urbanos en Mallorca, empezó ayer con la detención de cinco personas y varios registros realizados por comisiones judiciales en el departamento de Medi Ambient del Consell Insular y empresas concesionarias de la recogida de basuras en Palma, Inca, Manacor y Santa Margalida, entre ellas, Melchor Mascaró (en Palma y Manacor), FCC Limpiezas Urbanas de Mallorca y «Ses nostres eines».
Los detenidos, B.P, M.M., E.F., S.G. y M.M., prestaban declaración en la sede de la Jefatura Superior de Policía al cierre de esta edición, asistidos por sus respectivos abogados, entre ellos, Eduardo Valdivia, Jaime Campaner y Bartomeu Oliver. Uno de ellos, una mujer embarazada, prestó declaración por la tarde y quedó en libertad con cargos. Están imputados por los delitos de malversación, falsedad y cohecho.
Los responsables de los interrogatorios iban a decidir, a tenor del contenido de las declaraciones, si los detenidos dormían en los calabozos o quedaban en libertad con cargos. La cuantía de lo presuntamente defraudado a través de la sobrefacturación de la recogida selectiva de residuos podría superar el millón de euros.
Facturas
Los emisores de esas facturas son las empresas que integran las dos UTE que en 2001 se adjudicaron el contrato de recogida selectivas de basuras en toda Mallorca, con la excepción de Palma y Calvià. Quien pagó esas facturas y adjudicó el concurso fue el área de Medi Ambient del Consell de Mallorca, que en esos años estaba en manos del ex conseller Miquel Àngel Borràs. Su sucesor, Miquel Riera, ya fallecido, fue el que modificó el contrato ante las protestas de los adjudicatarios.
Las empresas recogían cartón, envases y vidrio en los municipios y transportaban el material reciclable con camiones a Tirme, para desarrollar su recogida y tratamiento selectivo. A partir de 2005, sin embargo, algunos municipios decidieron realizar ellos mismos la recogida selectiva, práctica que fue calificada de competencia desleal por las empresas concesionarias, que vieron disminuidos sus ingresos de manera importante. Para paliar esa merma de ingresos, las empresas investigadas pactaron facturar más residuos de los que realmente recogían.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas tras la realización de una inspección ordinaria. En ese momento, el departamento que ahora dirige Marilena Tugores avisó a los interventores del Consell, que realizaron una auditoría. Al comprobar el desfase, los servicios jurídicos avisaron a la Fiscalía de Balears.