Las declaraciones realizadas durante la segunda sesión de la comisión de investigación de Son Rossinyol en el Parlament han confirmado que el Govern no aportó toda la documentación disponible ni a la Fiscalía ni a la Sindicatura de Comptes.
El PP denunció hace unos meses irregularidades en el contrato de un alquiler con opción de compra para unas oficinas en el Polígono de Son Rossinyol. Las declaraciones de la segunda jornada han creado todavía más confusión sobre el sistema de adjudicación y, sobre todo, el pacto del precio del alquiler.
Interrogantes
En la segunda jornada de la comisión de investigación, que se realiza a puerta cerrada y es secreta, han surgido muchos interrogantes sobre cómo se redactó el contrato final con la empresa propietaria del edificio de oficina. Durante la jornada ha declarado el propietario del inmueble arrendado y técnicos de distintos departamentos del Ejecutivo. En las declaraciones se han producido contradicciones sobre las fechas del contrato y las peticiones realizadas por los distintos departamentos para disponer de más espacio para oficinas.
Aunque el Govern sostiene que la Fiscalía Anticorrupción archivó este asunto, los populares denunciaron en comisión que el gabinete autonómico no presentó toda la documentación que disponía. El PP no descarta adoptar nuevas medidas judiciales cuando finalicen los trabajos de la comisión de investigación. Sin embargo, el conseller d'Economia, Carles Manera, considera que esta comisión es una pérdida de tiempo.
En concreto, la operación asciende a 31 millones de euros más el 18 por ciento del IVA. El importe de la primera cuota anual de arrendamiento es de 1.143.085 euros más el IVA. En los años sucesivos, la renta se incrementa en un 4 por ciento.
El PP considera que la renta es excesiva y la operación muy perjudicial para los intereses económicos de la Comunitat Autónoma.
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