TW
2

La defensa de la ex presidenta del Consell de Mallorca y del Parlament, Maria Antònia Munar, ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial el auto dictado por la jueza instructora del caso Can Domenge que decreta el fin de la instrucción y que continúe el proceso penal contra la ex dirigente histórica de UM, reiterando en su recurso que Munar no participó en acto ilegal alguno durante el proceso de enajenación de los terrenos palmesanos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Junto al escrito interpuesto, el letrado de Munar, Gabriel Garcías, ha remitido testimonio de particulares en el que consta la declaración de la imputada así como de otros encausados, entre ellos del ex vicepresidente insular Miquel Nadal, y del ex conseller de Economía y Hacienda Miquel Àngel Flaquer, que de modo alguno desvinculan a la ex presidenta del proceso de venta de los terrenos, para que el tribunal pueda así tener conocimiento de las declaraciones vertidas sobre ella durante la instrucción.

El abogado ha decidido acudir a la Audiencia después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, desestimase en primera instancia el recurso de reforma que interpuso la ex líder 'uemita' contra el auto dictado el pasado mes de noviembre para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, al mantener que Munar «participó» en las presuntas irregularidades cometidas en torno a la enajenación y que «sin duda conocía, cuanto menos, sus líneas maestras».

Noticias relacionadas

La defensa alega de nuevo que su patrocinada desconocía que el proceso se estuviera llevando a cabo de forma irregular, y defiende que los dos únicos aspectos en los que tuvo participación fue firmar la prórroga, de 15 a 30 días, del plazo de presentación de ofertas tras la publicación en el BOIB del decreto para la enajenación de los solares; y la comparecencia de Munar ante notario, el 19 de julio de 2006, en nombre del Consell de Mallorca para celebrar la Escritura Pública de compraventa de la finca, adjudicada a la UTE formada por Sacresa y Ferrà Tur por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro.

Pese a estas argumentaciones, que ya esgrimió Garcías en su recurso de reforma, la instructora del caso abunda en que la ex presidenta 'uemita' «dirigía» el proceso y «convenía» con la finalidad de éste, un entramado que considera «del todo irregular en trámites y resultados, fraudulento y prevaricador», pese a que, tal y como recuerda el escrito, fue lanzado como el «proyecto estrella» del Consell en la pasada legislatura.

En la resolución recurrida, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones «fraudulentas», en relación a Nadal, Flaquer y el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens, y por si fuera poco, precisaba además que «era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos», en referencia a UM.