El presidente de Trapsa Yates, adjudicataria de amarres en los puertos de Ibiza y Maó, admitió ante la Policía que recibió 600.000 euros de la sociedad Autotrade Selection a cambio del uso de sus instalaciones «con el fin de tratar de salvar Viajes Marsans». La operación se repitió con Caixa de Catalunya por un importe de cinco millones de euros.
Así se desprende del sumario de la 'operación Mar Blau', que investiga la supuesta adjudicación irregular de la concesión de amarres en los puertos de Maó, Eivissa y Palma.
Reunión atípica
Las pesquisas realizadas a raíz de la denuncia por la supuesta adjudicación irregular de los concursos revelan, según el informe policial, que el actual presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Francesc Triay, mantuvo diferentes reuniones con Trapsa Yates y el Club Marítimo de Maò, las cuales se consideran «atípicas» puesto que advierte que «se trata de dos de la empresas licitadoras para saber si una de ellas iba a renunciar a la licitación obtenida en favor de otra».
El mismo informe recuerda y considera «llamativo» que según la propia declaración de Triay reconoció que su antecesor en el cargo, Joan Verger, le había comunicado que Trapsa renunciaría al concurso «cuando decidiese».
Para los responsables del Grupo de Delincuencia Económica «resulta del todo inverosimil pensar que dicha renuncia se pudiera llevar a cabo sin contraprestación económica o de otra índole».
Dinero negro
En la declaración efectuada por el contable de Trapsa admite que buena parte de la documentación incautada en su domicilio forma parte de la documentación en «B» de la citada empresa.
Entre los pagos efectuados opacos al fisco figuran una entre de 140.000 euros al presidente de la empresa, Gerardo Díaz Ferrán, que le fue entregada en Madrid por el consejero delegado Manuel Domínguez.
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